El caso del hermano de Sánchez resalta las sospechas de corrupción y nepotismo

David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar como imputado por malversación. El caso, liderado por la magistrada Beatriz Biedma, investiga su contratación en la Diputación de Badajoz y sospechas de absentismo y fraude fiscal.

David Sánchez fue contratado en 2017 como coordinador en la Diputación de Badajoz, poco después de que su hermano asumiera el liderazgo del PSOE.  El cargo se le adjudicó tras una entrevista personal con una diputada socialista. Compañeros denunciaron su frecuente ausencia en el puesto.

Sánchez solicitó un despacho amplio en el conservatorio, utilizando espacio de la biblioteca. Sin embargo, se reportó que casi nunca lo usaba. En 2022, a pesar de las denuncias de absentismo, fue ascendido a jefe de Artes Escénicas, con aumento de salario y presupuesto.

La Diputación le construyó un segundo despacho en el Palacio Felipe Checa, pero testigos indican que tampoco acudía a trabajar allí. Para justificar su actividad laboral, la Diputación abrió un tercer despacho. Imágenes muestran que fue amueblado rápidamente antes de inspecciones.

La investigación incluye su mudanza a Elvas, Portugal, con el objetivo de pagar menos impuestos. Compró un palacete al contado con dos cheques bancarios.  A pesar de declarar residencia en Portugal, vive en un piso en Badajoz, propiedad del senador socialista Rafael Lemus, según pruebas fotográficas.

Lemus rechazó dar explicaciones sobre el uso de su vivienda por Sánchez, complicando la detección del supuesto fraude fiscal. Hacienda sospecha que la residencia fiscal en Portugal es ficticia, ya que Sánchez evita controles al vivir en una propiedad no registrada a su nombre.

La juez Beatriz Biedma ha citado a declarar a Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y también imputado en el caso. La UCO ha señalado indicios de criminalidad en la contratación y el ascenso de Sánchez, vinculados a decisiones de altos cargos socialistas.

Además, se investiga el programa Ópera Joven, dirigido por Sánchez, que recibió fondos significativos sin resultados claros o actividad visible.

Entre los citados están otros altos cargos del PSOE, como Elisa Moriano, Cristina Núñez y Francisco Martos, implicados en la contratación. La UCO también revisa movimientos financieros de Sánchez, con dudas sobre el origen y uso de los fondos depositados en sus cuentas bancarias.