El juez Juan Carlos Peinado ha puesto el dedo en la llaga
Un nuevo capítulo sacude el corazón del poder en España. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto el dedo en la llaga.
Él ve en la relación de Begoña Gómez con su esposo, el presidente Pedro Sánchez, el núcleo de un posible delito grave. Se trata de tráfico de influencias. Según el magistrado, ese lazo familiar es clave.
Sin él, dice, sería casi imposible que Gómez y otros implicados hubieran actuado como lo hicieron. Esta afirmación llega en una resolución judicial. En ella, Peinado decide enviar el caso a juicio por jurado.
Los cargos incluyen corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Todo apunta a indicios sólidos.
El auto judicial no deja lugar a dudas:
Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas presuntamente delictivas que les imputa.
Habla de una "íntima convicción".
Esa convicción surge de pruebas que él califica de "racionales, fundadas y sólidos". Para el juez, estos hechos forman un todo. No se pueden separar, son delitos conexos.
Por eso, insiste en un enjuiciamiento conjunto. Cita incluso una sentencia del Tribunal Supremo que fue de mayo del año pasado.
La decisión de Peinado genera revuelo. El PSOE lo tacha de persecución política y en el partido hablan de "lawfare". Es decir, uso de la justicia como arma.
La instrucción avanza, el juicio, aún lejano, pero el mensaje es claro. La justicia no se detiene, ni ante el poder, ni ante los lazos familiares.
En un giro más del caso que sacude al Gobierno, las acusaciones populares contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, han pedido al juez Juan Carlos Peinado medidas urgentes.
Quieren bloquear el acceso a los correos electrónicos de Begoña Gómez y de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El temor es claro: evitar que se borren datos vitales, como ya pasó con el fiscal general Álvaro García Ortiz.
Ese precedente deja en alerta a los investigadores. García Ortiz desactivó su cuenta de Gmail y eliminó todo su contenido. Eso ocurrió cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intentaba recuperar mensajes clave para su juicio en el Supremo.
El informe reciente de la UCO pone el foco en los emails de Álvarez. Muestra que ella gestionaba la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense con detalle, hablaba de proyectos en primera persona del plural. Para ello, usaba el correo de Presidencia como tarjeta de visita.
Todo esto en horario laboral, se contaron 121 correos con 11 empresas distintas. Las acusaciones ven ahí indicios de malversación, creen que esos mensajes prueban el desvío de fondos públicos a fines privados.
