EDATV Caos con la baliza V-16: multas sin cifras, obligación impuesta y un ministro que no sabe cuánto sanciona a los españoles
En el Congreso de los Diputados admitió que desconoce cuántas sanciones se han impuesto por la baliza V-16
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció sin datos y con demasiadas excusas. En el Congreso de los Diputados admitió que desconoce cuántas sanciones se han impuesto por la baliza V-16. Pero, sorprendentemente, aseguró que no deben de ser muchas, aunque reconoció no disponer de cifras oficiales.
La contradicción no es menor, porque afecta a millones de conductores obligados a comprar el dispositivo. Si el Ministerio no sabe cuántas multas ha puesto, resulta imposible sostener que el impacto es mínimo. Aun así, Marlaska pidió confianza y dio por cerrado el debate con una tranquilidad impostada.
Desde el 1 de enero la baliza es obligatoria y no usarla en emergencia es sancionable. Sin embargo, el ministro insiste en que no existen controles aleatorios para comprobar su uso. Es decir, no se vigila activamente, pero si te ocurre algo y no la llevas, pagas.
Caos con la Baliza V-16: multas sin cifras, obligación impuesta y un ministro que no sabe cuánto sanciona | Europa Press
No saben, pero afirman
Marlaska reconoció que no tiene estadísticas actualizadas sobre sanciones por la nueva baliza obligatoria. Acto seguido comparó la situación con las antiguas multas por no llevar triángulos de emergencia. Según dijo, apenas 400 sanciones entre cinco millones el año pasado, un porcentaje insignificante.
La comparación suena conveniente, pero ignora que la V-16 es tecnológica y exige conectividad certificada. No es un simple triángulo olvidado en el maletero, sino un dispositivo con requisitos técnicos concretos. Afirmar que todo seguirá igual sin datos reales parece más un deseo político que un análisis serio.
Si realmente las multas son tan escasas, bastaría con presentar cifras verificables y transparentes. Pero el Ministerio prefiere moverse en estimaciones vagas y suposiciones tranquilizadoras. La gestión se resume en un mensaje inquietante: no sabemos, pero crean en nuestra palabra.
Obligación, presión y sospechas
Además, Interior ha pedido a las ITV que recuerden la obligatoriedad de llevar la baliza certificada. Oficialmente es solo un recordatorio, aunque añade presión administrativa sobre cada conductor. El ciudadano paga el dispositivo y asume la amenaza de multa sin información clara.
Ante las críticas de Vox y del Partido Popular, el ministro negó cualquier pelotazo o irregularidad. También rechazó que existan denuncias sobre supuestas grúas oportunistas tras activarse las balizas. Sin embargo, la falta de datos alimenta sospechas que el propio Gobierno se niega a despejar.
La política pública exige transparencia, especialmente cuando se imponen nuevas obligaciones económicas. Aquí se ha legislado primero, se sanciona después y las explicaciones quedan para más adelante. Más que seguridad vial, lo que queda es la sensación de improvisación y arrogancia ministerial.
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