La presidenta Buruaga afirma que convertirá a Cantabria en una de las comunidades con menos burocracia
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado en una rueda de prensa el anteproyecto de Ley de simplificación Administrativa. Según afirma, convertirá a Cantabria en una de las comunidades con menos burocracia de España.
Este proyecto normativo, que ahora se somete a información pública, incluye una serie de medidas transversales de gran impacto que modifican 41 normas y mejoran 159 procedimientos administrativos.
El documento ha sido publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria. Estará disponible para recibir comentarios y sugerencias de administraciones, empresas y ciudadanos.
"Hoy ponemos al servicio de la sociedad de Cantabria el mayor esfuerzo de simplificación que haya hecho nunca la Administración de nuestra Comunidad. Un plan reformista y valiente, una ley tractora y de las más avanzadas del panorama", destacó Buruaga en la presentación.
El anteproyecto de ley se divide en dos grandes bloques. El primero abarca medidas de carácter transversal diseñadas para agilizar los procedimientos y facilitar una gestión más eficiente de los recursos.
Entre estas medidas se encuentran la implantación del silencio administrativo positivo, la generalización de la declaración responsable en sustitución de licencias y autorizaciones, la gestión coordinada de procedimientos. Además, el uso generalizado de herramientas informáticas para la gestión de expedientes electrónicos.
La presidenta explicó que estas reformas buscan reducir al mínimo la intervención administrativa para el acceso o ejercicio de una actividad. "La declaración responsable que cumple con todos los requisitos habilita al particular. Para el inicio de la actividad o la apertura del establecimiento, sin tener que esperar a una licencia o autorización", subrayó Buruaga.
Esta medida, junto con la prohibición de exigir documentos innecesarios y la posibilidad de realizar pagos a través de móviles directos, representa una "auténtica revolución" en la administración pública cántabra.
El segundo bloque del anteproyecto se centra en la creación de un entorno favorable para la inversión y la actividad económica. Buruaga resaltó la figura de las entidades colaboradoras de certificación, que podrán certificar la verificación de la documentación presentada ante las administraciones públicas, ofreciendo así mayor garantía y seguridad jurídica.
Además, la ley consagrará el principio de unidad de mercado. Lo que permitirá que las disposiciones, actos y medios de intervención relacionados con la actividad económica en el resto del territorio nacional sean válidos en Cantabria sin necesidad de nueva autorización.
"Queremos ser un imán para la inversión, un Gobierno proactivo que impulse el talento. Acompañe a las empresas y abra las puertas a quienes quieran emprender e invertir en esta región", afirmó la presidenta.
Otra novedad del anteproyecto es la creación de un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo. Esto se logrará mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico y la creación de una oficina aceleradora de proyectos.
La declaración de interés estratégico permitirá la reducción de plazos a la mitad. Para obtener autorizaciones, preferencia en el acceso a incentivos y financiación, y la posibilidad de recibir subvenciones en régimen de concesión directa.
El anteproyecto introduce cambios específicos en 41 normas del ordenamiento jurídico regional, que abarcan 21 leyes, 16 decretos y 4 órdenes. Estas modificaciones están diseñadas para simplificar y agilizar los procedimientos en diversas áreas.
La presidenta destacó también la importancia de la transformación digital. Con la inclusión de medidas relacionadas con la inteligencia artificial para mejorar y simplificar los trámites administrativos. Un régimen sancionador garantizará el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
Buruaga hizo un llamamiento a la implicación y colaboración activa de la ciudadanía, las administraciones públicas y el tejido empresarial. Esto durante el periodo de información pública, que estará abierto hasta el 17 de septiembre.
"Esta ha de ser una ley de todos y para todos", concluyó. Además, invitó a todos los interesados a aportar su visión y sugerencias para enriquecer el anteproyecto.
