Bruselas pierde la paciencia con Pedro Sánchez y envía eurodiputados a Madrid por el deterioro del Estado de derecho

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, vuelve a situar a España bajo el foco europeo tras negarse a recibir a una delegación de eurodiputados en Madrid. La misión del Parlamento Europeo ha viajado para evaluar el estado del Estado de derecho, la independencia judicial y la calidad democrática del país. No es una visita protocolaria, sino una respuesta institucional ante la preocupación de Bruselas por la separación de poderes.

Los eurodiputados han expresado abiertamente su malestar por el plantón del presidente y también por la ausencia de dos ministros clave. Ni Félix Bolaños ni Fernando Grande-Marlaska aceptaron reunirse con la delegación. Un silencio coordinado que agrava la imagen de un Ejecutivo que rehúye el escrutinio internacional.

La misión mantiene encuentros con asociaciones judiciales, fiscales y organizaciones de periodistas para recopilar información directa. Ese material servirá para los informes anuales europeos sobre el Estado de derecho, un mecanismo que analiza cómo funcionan realmente las democracias comunitarias. Que España esté siendo evaluada en este contexto ya es un síntoma político grave.

Además, representantes judiciales han trasladado su preocupación por reformas recientes que, a su juicio, debilitan garantías institucionales. Esas organizaciones denuncian cambios que han rebajado exigencias de acceso judicial y han puesto en duda la independencia del Ministerio Fiscal. Sus advertencias han cruzado fronteras y han activado la reacción de Bruselas.

Bruselas pregunta lo que Moncloa evita responder

La llegada de eurodiputados a Madrid responde a algo más que política interna: Europa analiza si España respeta realmente la independencia judicial. La evaluación europea no es sancionadora inmediata, pero sí política, y puede influir directamente en la imagen de España en Bruselas. En ese contexto, la negativa de Sánchez a dar explicaciones públicas resulta especialmente llamativa.

Un Gobierno seguro de su gestión no esquiva a representantes europeos. Un Ejecutivo transparente aprovecha estas visitas para defender sus reformas y aclarar dudas. Sánchez ha elegido lo contrario.

La delegación incluye eurodiputados de distintos grupos políticos, desde conservadores hasta liberales y socialdemócratas. No es una operación partidista, sino un procedimiento institucional de supervisión democrática. Reducirlo a ruido político es una forma de eludir responsabilidades.

Mientras tanto, Moncloa guarda silencio y deja que hablen los hechos. Y los hechos dicen que el presidente ha rechazado un encuentro formal con quienes evalúan la salud democrática del país. Ese gesto pesa tanto como cualquier informe posterior.

Un desgaste institucional que ya tiene coste europeo

El problema no es una ley concreta, sino una acumulación de decisiones que han tensado la relación entre el Ejecutivo y la justicia. Desde el control del Ministerio Fiscal hasta reformas aceleradas del sistema judicial, el patrón preocupa fuera de España. Europa toma nota.

Sánchez presume de europeísmo mientras evita rendir cuentas ante representantes europeos. Viaja, posa y pronuncia discursos, pero esquiva el fondo del problema cuando llegan preguntas incómodas. La credibilidad democrática no se construye con gestos, sino con transparencia.

Esta misión no es una anécdota diplomática. Es una advertencia clara. Y refleja hasta qué punto el Gobierno ha deteriorado la confianza institucional.

Porque cuando Bruselas viene a examinar tu Estado de derecho y tú decides no recibirla, el mensaje es devastador. España queda señalada. Y Pedro Sánchez, una vez más, elige esconderse.