La Comisión Europea ha criticado ante el TJUE que la Ley de Amnistía nace de un acuerdo político y no de un interés general del Estado. Durante la vista en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas ha mostrado serias dudas sobre la legalidad de dicha normativa.
El Ejecutivo comunitario señaló que la norma podría incumplir el principio de seguridad jurídica por no ser clara ni precisa en su redacción. Carlos Urraca Caviedes, representante de la Comisión, cuestionó la urgencia y falta de diálogo previo con instituciones internacionales.
A juicio de Bruselas, España ignoró las recomendaciones de la Comisión de Venecia para promover una reconciliación real con garantías. La norma fue aprobada en tiempo récord, y el Ejecutivo europeo cree que no se respetó el tiempo necesario para un diálogo profundo y abierto.
También se advirtió de que la ley puede interferir con investigaciones clave como la del Tribunal de Cuentas sobre el uso de fondos europeos. El proceso judicial en cuestión parte de una denuncia de Sociedad Civil Catalana que llegó al TJUE a través del Tribunal de Cuentas.
El objetivo de la vista es determinar si puede amnistiarse a miembros del Govern que desviaron dinero público al referéndum ilegal de 2017. Según el tribunal, se investiga si se usaron hasta 5 millones de euros para promover la independencia de Cataluña fuera de España.
Puigdemont pone contra las cuerdas a Sánchez
Bruselas teme que la obligación de resolver los casos en solo dos meses limite las garantías procesales y el control judicial efectivo. Urraca insistió en que esto podría impedir al Tribunal de Cuentas ejercer su función sobre fondos que provienen de la Unión Europea.
El dictamen del representante de la Comisión fue firme: la norma no garantiza la protección de los intereses financieros comunitarios. "Hay dudas sobre que las disposiciones de la Ley sean claras y precisas", sostuvo Urraca Caviedes en su intervención ante el TJUE.
Aseguró que varias disposiciones permiten eximir a personas que no deberían estar cubiertas por una ley con ese supuesto objetivo. Además, explicó que esa vaguedad legislativa puede vulnerar principios básicos del Derecho europeo que protegen los fondos comunes.
Bruselas insiste en que el contenido de la norma pone en peligro el cumplimiento del Derecho de la Unión en cuestiones presupuestarias. “No parece que la Ley responda a un fin legítimo de interés general”, subrayó el abogado del Ejecutivo europeo durante la audiencia.
Para la Comisión, imponer plazos tan ajustados debilita los mecanismos de control y fiscalización propios de los Estados miembros.
