La Comisión Europea ha criticado ante el TJUE que la Ley de Amnistía nace de un acuerdo político y no de un interés general del Estado. Durante la vista en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas ha mostrado serias dudas sobre la legalidad de dicha normativa.
El Ejecutivo comunitario señaló que la norma podría incumplir el principio de seguridad jurídica por no ser clara ni precisa en su redacción. Carlos Urraca Caviedes, representante de la Comisión, cuestionó la urgencia y falta de diálogo previo con instituciones internacionales.
A juicio de Bruselas, España ignoró las recomendaciones de la Comisión de Venecia para promover una reconciliación real con garantías. La norma fue aprobada en tiempo récord, y el Ejecutivo europeo cree que no se respetó el tiempo necesario para un diálogo profundo y abierto.
También se advirtió de que la ley puede interferir con investigaciones clave como la del Tribunal de Cuentas sobre el uso de fondos europeos. El proceso judicial en cuestión parte de una denuncia de Sociedad Civil Catalana que llegó al TJUE a través del Tribunal de Cuentas.
El objetivo de la vista es determinar si puede amnistiarse a miembros del Govern que desviaron dinero público al referéndum ilegal de 2017. Según el tribunal, se investiga si se usaron hasta 5 millones de euros para promover la independencia de Cataluña fuera de España.
