El Gobierno ha sacado a concurso 700 plazas para jueces y fiscales, una cifra que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ha dudado en calificar como la mayor "macroconvocatoria" de la historia. El anuncio, publicado este lunes en el BOE, llega en un momento de especial tensión entre el Ejecutivo y parte de la carrera judicial, marcada por los choques institucionales y las críticas cruzadas sobre la independencia de la Justicia.
La convocatoria incluye 575 plazas por oposición, 375 para jueces y 200 para fiscales, y otras 125 para magistrados por el denominado cuarto turno, reservadas a juristas con más de diez años de experiencia. Los procesos selectivos arrancarán el próximo mes de octubre. Bolaños, que ya había emplazado a estar atentos al BOE, presentó la medida como un nuevo paso en lo que el Gobierno define como "la mayor transformación de la Justicia en décadas".
Desde el Ministerio destacan que las 700 plazas suponen más del triple de las convocadas en 2025 y recuerdan que desde 2018 se han ofertado 2.515 plazas de jueces y fiscales. Sin embargo, asociaciones del sector llevan años denunciando la sobrecarga que sufren juzgados y tribunales, así como la lentitud en la cobertura de vacantes y la falta de medios materiales en numerosas sedes judiciales.
El Ejecutivo acelera su reforma del sistema judicial
La macroconvocatoria se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una reforma impulsada por el Gobierno que sustituye los juzgados tradicionales por tribunales de instancia y apuesta por una mayor digitalización. El Ejecutivo defiende que el nuevo modelo permitirá crear plazas con menor coste y agilizar la respuesta judicial.
Además, Justicia ultima la creación de otras 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación que, según el departamento de Bolaños, incrementará la plantilla judicial un 8,5% y la fiscal un 7,1%. El Gobierno sostiene que se trata de un esfuerzo sin precedentes, aunque las críticas persisten entre quienes consideran que el problema de la Justicia española no se limita al número de efectivos, sino también a la necesidad de garantizar recursos suficientes y reforzar su independencia institucional.
Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo busca exhibir músculo reformista en uno de los ámbitos más sensibles del Estado. No obstante, el debate sobre el modelo judicial y la relación del Gobierno con jueces y fiscales continúa abierto en un contexto político especialmente convulso.
