El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha desatado una intensa polémica institucional tras reconocer públicamente que ha mantenido conversaciones con “muchos jueces y magistrados” sobre una instrucción judicial que afecta directamente al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus declaraciones han reabierto el debate sobre los límites entre el poder ejecutivo y el judicial en España.
Las palabras del ministro llegan en un momento especialmente delicado, coincidiendo con el avance de la causa judicial que investiga a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo. La instrucción, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, ha generado una fuerte tensión política y mediática en las últimas semanas.
Durante varias comparecencias públicas, Bolaños no solo confirmó esos contactos, sino que aseguró que su visión crítica sobre la causa es compartida por “la práctica totalidad” de los jueces con los que ha hablado. Una afirmación que ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito judicial, donde diversas asociaciones han exigido respeto a la independencia de los tribunales.
El lunes, tras conocerse el auto de procesamiento contra Gómez, el ministro llegó a afirmar que dicha resolución “avergüenza” a muchos miembros de la carrera judicial. Un día después, fue más allá al sostener que su opinión coincide con la de “una muy buena parte” de jueces y fiscales, lo que incrementó la controversia.
Estas declaraciones han sido interpretadas por sectores críticos como una injerencia del poder ejecutivo en asuntos judiciales. Especialmente relevante es el hecho de que Bolaños no solo ocupa la cartera de Justicia, sino que también es responsable de la Presidencia y de las relaciones con las Cortes, lo que le sitúa en una posición clave dentro del Gobierno.
