Los beneficios penitenciarios concedidos a presos de ETA continúan aumentando. Según la última actualización elaborada por el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, un total de 235 reclusos de la banda terrorista se han beneficiado de distintas medidas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. La cifra refleja un incremento constante durante los últimos años y coincide con el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco.
Los datos recogen las diferentes resoluciones adoptadas tanto antes como después de que el Ejecutivo autonómico asumiera la gestión de las cárceles. Desde entonces, la concesión de terceros grados, libertades condicionales y regímenes de semilibertad ha experimentado una progresión que mantiene la preocupación de numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo.
La última actualización incorpora dos nuevos nombres a la lista de beneficiados. Se trata de Goñi y Óscar Celarain, este último condenado por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, uno de los ataques más trágicos perpetrados por ETA en los últimos años de actividad de la organización.
Ambos obtuvieron recientemente el tercer grado, una decisión que eleva hasta 235 el número total de etarras favorecidos por medidas penitenciarias desde que Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa.
Las estadísticas muestran que la mayoría de estos beneficios corresponden a la concesión del tercer grado penitenciario. En total, se contabilizan 151 resoluciones de este tipo, algunas acordadas cuando la competencia seguía en manos de la Administración General del Estado y otras ya bajo la gestión directa del Ejecutivo vasco.
A esta cifra se suman 62 libertades condicionales concedidas a internos de ETA, además de cerca de una veintena de regímenes de semilibertad autorizados mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Este mecanismo permite flexibilizar el cumplimiento de la condena para determinados internos, facilitando salidas y un régimen menos restrictivo antes de acceder al tercer grado definitivo.
Entre los beneficiarios de esta modalidad figuran históricos dirigentes de ETA como Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, y Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, dos de los nombres más relevantes dentro de la estructura de la organización terrorista.
No obstante, algunas de estas decisiones han sido posteriormente recurridas por la Fiscalía, que en determinados casos ha solicitado la revocación de los beneficios al considerar que no concurrían los requisitos legales necesarios para su concesión.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo también han mostrado en numerosas ocasiones su rechazo a estas medidas, argumentando que muchos de los beneficiarios no han colaborado con la Justicia para esclarecer atentados todavía pendientes ni han mostrado un arrepentimiento efectivo.
La actualización del registro refleja que, en apenas dos meses, diez nuevos presos de ETA han accedido a algún tipo de beneficio penitenciario, manteniendo una tendencia al alza que continúa alimentando el debate político.
Este incremento coincide además con el avance de otros procedimientos judiciales relacionados con antiguos dirigentes de la banda terrorista, entre ellos Josu Ternera, cuya posible entrega a España vuelve a situarse sobre la mesa tras resoluciones adoptadas por la Justicia francesa.
Las cifras conocidas reabren el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA desde la transferencia de las competencias al Ejecutivo vasco.
Mientras el Gobierno defiende que todas las decisiones se adoptan conforme a la legislación vigente y bajo criterios técnicos, los partidos de la oposición y diferentes colectivos de víctimas consideran que existe una política de acercamiento y flexibilización que favorece a antiguos miembros de la organización terrorista.
