La cifra sería el resultado de varias órdenes de embargo vinculadas a distintos litigios abiertos por inversores internacionales afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables
El conflicto por los recortes a las primas de las energías renovables sigue complicándose para España fuera de sus fronteras. La Justicia belga ya habría embargado alrededor de 840 millones de euros al Estado español por el impago de varios laudos internacionales relacionados con las renovables, según aseguran los equipos jurídicos de los acreedores.
El dinero afectado corresponde a pagos que recibe Enaire a través de Eurocontrol por la gestión del tráfico aéreo. La cifra sería el resultado de varias órdenes de embargo vinculadas a distintos litigios abiertos por inversores internacionales afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables aprobado hace años por el Gobierno español.
Entre las compañías involucradas aparecen grupos como Eurus Energy, vinculada a Toyota, además de otros fondos e inversores que recurrieron a tribunales arbitrales internacionales para reclamar indemnizaciones millonarias.
España intenta desbloquear los fondos
Ante la situación, el Gobierno habría planteado una solución alternativa para tratar de recuperar el flujo normal de pagos relacionados con la navegación aérea. Según distintas fuentes jurídicas, España propuso depositar unos 250 millones de euros en una cuenta judicial en Bélgica mientras continúan los procedimientos abiertos.
Sin embargo, los acreedores rechazaron la propuesta al considerar que el objetivo real sería levantar el embargo actual de 840 millones y evitar nuevas retenciones futuras.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica defienden que el sistema judicial belga permite ejecutar embargos sin escuchar previamente al Estado afectado y aseguran que España ya está recurriendo estas decisiones ante los tribunales.
Además, el Gobierno insiste en que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea en este conflicto jurídico.
Un conflicto que sigue creciendo en Europa
El caso se suma a otros episodios recientes relacionados con los impagos derivados de los recortes a las renovables. Hace apenas unas semanas también trascendió el embargo de un edificio del Instituto Cervantes en Países Bajos dentro de otro procedimiento similar.
El Ejecutivo mantiene que muchos de estos laudos chocan con la normativa europea sobre ayudas de Estado y sostiene que Bélgica podría estar vulnerando el derecho comunitario al facilitar su ejecución.
Mientras tanto, los acreedores continúan presionando para cobrar las indemnizaciones reconocidas internacionalmente y el conflicto amenaza con seguir generando problemas diplomáticos y financieros para España en distintos países europeos.
