Begoña Gómez carga contra la UCM por el registro del software

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. En una jornada que captó la atención mediática, Gómez negó de manera tajante las acusaciones que pesan en su contra. Sobre todo las relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Las imputaciones incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

La esposa del presidente limitó su intervención a responder únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho. Durante su declaración, afirmó que todas sus gestiones vinculadas a la cátedra fueron realizadas en nombre de la universidad.

Además, negó cualquier ánimo de lucro personal. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre algunos puntos clave, lo que mantiene abiertos varios interrogantes en torno al caso.

El software de la polémica y los señalamientos sobre apropiación indebida

Uno de los puntos centrales de la investigación es el desarrollo de un software encargado para la cátedra que Gómez codirigió. Según las acusaciones, este programa fue registrado bajo el nombre de la empresa privada de Gómez, Transforma TSC SL. En lugar de ser atribuido a la universidad.

Este movimiento ha levantado sospechas sobre una posible apropiación indebida de bienes intelectuales financiados con fondos destinados a la actividad académica.

Gómez afirmó que el software fue gestionado de manera transparente y que su registro a nombre de su empresa respondió únicamente a cuestiones operativas. Alegó que las actividades de la cátedra se llevaron a cabo con financiamiento privado y sin infringir normativas. Sin embargo, estas explicaciones no han sido suficientes para disipar las dudas del juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado.

El papel de Moncloa en las actividades de Gómez

Un aspecto especialmente controvertido que surgió durante la investigación es el supuesto apoyo recibido por parte de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. Según documentos presentados en la causa, Álvarez habría colaborado con Gómez en la búsqueda de patrocinadores para la cátedra. Utilizando recursos públicos para gestionar actividades privadas.

Correos electrónicos revelados recientemente muestran que Álvarez contactó con empresas como Reale Seguros, buscando respaldo económico para proyectos relacionados con Gómez. Ante estas revelaciones, el juez ha citado a declarar a la asesora como testigo el próximo 20 de diciembre. Además, ha solicitado información detallada a la Presidencia del Gobierno sobre los roles desempeñados por sus asesores.

El futuro del caso

A pesar de los esfuerzos de la defensa por cerrar el caso, la investigación sigue su curso. En los próximos días se espera que salgan a la luz nuevas evidencias y declaraciones que podrían ser determinantes para el desarrollo del proceso judicial. Mientras tanto, Gómez mantiene su postura firme, negando todas las acusaciones y defendiendo la transparencia de sus acciones en la universidad.