Basta que un inmigrante se declare víctima de agresión sexual para que el Gobierno de España le de los papeles
porEDATV
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El mecanismo se basa en una previsión del Reglamento de Extranjería que permite conceder permisos de residencia en determinados casos considerados de especial vulnerabilidad
La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a generar críticas tras conocerse que miles de inmigrantes han logrado regularizar su situación en España alegando haber sido víctimas de violencia sexual o de género. El mecanismo se basa en una previsión del Reglamento de Extranjería que permite conceder permisos de residencia en determinados casos considerados de especial vulnerabilidad.
Según los datos disponibles, alrededor de 15.000 personas han accedido a la residencia a través de esta vía. La normativa permite iniciar el proceso de regularización incluso cuando no existe una sentencia judicial que confirme los hechos denunciados. Tampoco es imprescindible que la supuesta víctima haya presentado una denuncia formal ante la policía o ante un juzgado.
Este sistema ha provocado críticas por la amplitud de los supuestos contemplados en la norma. En algunos casos, la acreditación puede realizarse mediante informes de servicios sociales u organismos administrativos. Para los detractores del modelo, este procedimiento abre la puerta a que la residencia pueda obtenerse sin que exista una verificación judicial clara de los hechos.
Un sistema que no exige sentencia ni denuncia
El reglamento contempla que la residencia pueda concederse aunque el procedimiento penal no haya terminado. Incluso se incluyen supuestos en los que el proceso judicial haya sido archivado o sobreseído. También se admite la regularización cuando la condena ya ha sido cumplida o extinguida.
Esta amplitud de situaciones ha despertado dudas sobre los controles del sistema. El Gobierno no ha detallado qué mecanismos existen para comprobar la veracidad de los casos cuando no hay resolución judicial. Tampoco se han explicado los procedimientos previstos para detectar posibles fraudes.
Las críticas se centran en el riesgo de que este mecanismo termine funcionando como una vía alternativa de acceso a la residencia. Según sus detractores, bastaría con alegar haber sido víctima de una agresión sexual para iniciar el proceso de regularización.
Dudas sobre los controles del sistema
Otro de los puntos cuestionados es la ausencia de explicaciones claras sobre cómo se verifican las acreditaciones emitidas por servicios sociales u otras entidades. La normativa permite que estas certificaciones sustituyan a una sentencia judicial en determinados supuestos.
Los críticos consideran que esta fórmula puede generar inseguridad jurídica dentro del sistema migratorio. También advierten de que la medida podría incentivar el uso estratégico de esta vía para obtener papeles.
El debate vuelve a situar en el centro la política migratoria del Ejecutivo. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una herramienta para proteger a víctimas vulnerables, sus detractores sostienen que el sistema podría convertirse en un coladero para la regularización de inmigrantes sin controles suficientes.
