El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Generalitat valenciana, Vicente Barrera, ha hecho público hoy, en el Día de la Tauromaquia, su firme rechazo a la propuesta de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia del listado de Premios Nacionales. Presentando un contundente documento de alegaciones, Barrera denuncia esta medida como una decisión "arbitraria y puramente ideológica" por parte del Ministerio de Cultura.
En su intervención, Barrera resalta el valor cultural y artístico de la tauromaquia, subrayando su reconocimiento en la Constitución Española y en la legislación vigente. Destaca que la tauromaquia no solo está protegida por el ordenamiento jurídico, sino que también es parte del patrimonio cultural español, conforme a la Ley 18/2013. Además, hace hincapié en la existencia de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, reconocida por las normas orgánicas del Ministerio de Cultura.
Apoyándose en la jurisprudencia, Barrera menciona la Sentencia 120/2023 del Tribunal Supremo, que respalda la inclusión de la tauromaquia en el ámbito cultural. Critica la decisión del ministro de Cultura, señalando que esta acción representa una censura evidente, contraria al principio de pluralidad cultural.
En su argumentación, Barrera recalca que ninguna manifestación cultural debería estar sujeta al criterio personal de un ministro. Considera que la propuesta de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia carece de fundamentos jurídicos sólidos y se basa en un enfoque sesgado y sectario.
Para Barrera, resulta incomprensible que el Ministerio busque eliminar un reconocimiento a una parte importante de la cultura española. Además, critica la falta de motivación y fundamentación en la propuesta ministerial, que ignora la voluntad de una parte significativa de la población española.
Finalmente, Barrera desmiente la visión de la tauromaquia como un espectáculo marginal, destacando su arraigo y popularidad en España, especialmente entre los jóvenes. Argumenta que, incluso si fuera minoritaria, merecería la protección de los poderes públicos para garantizar su supervivencia y enriquecer la diversidad cultural del país.
