La Diputación de Castellón, liderada por la presidenta Marta Barrachina, exigirá esta semana al Gobierno central que permita a las administraciones locales utilizar sus propios ahorros para inversiones que mejoren el bienestar ciudadano. La iniciativa, que se debatirá en el pleno del 22 de abril, se presenta como una moción impulsada por el equipo de gobierno provincial ante lo que consideran una “asfixia financiera” impuesta desde Madrid.
Barrachina denuncia que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025 está “entorpeciendo la gestión municipal” y “castigando a los ciudadanos”, ya que impide que los ayuntamientos dispongan con normalidad de las entregas a cuenta del Estado y restringe el uso del superávit. “Los consistorios están viendo recortadas sus entregas en más de 1.200 millones de euros respecto a lo prometido”, lamenta la presidenta, que considera “incomprensible” que se impida a los ayuntamientos invertir en servicios públicos, instalaciones sociales o mejora del entorno urbano.
La moción reclama la modificación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el desbloqueo de los fondos correspondientes a la participación en los tributos del Estado. “Nos niegan inversiones y, además, secuestran nuestra autonomía”, advierte Barrachina, quien insiste en que “estamos hablando de recursos propios que están en las arcas de los ayuntamientos, no de subvenciones del Estado”.
La presidenta pone el foco en el hecho de que muchos municipios no tienen deuda pendiente, por lo que se ven doblemente perjudicados al no poder invertir su superávit ni destinarlo a amortizar obligaciones financieras.
La moción también insta a la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local y reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de financiación con los entes locales.
“Desde Castellón defendemos lo local y exigimos que se respete la capacidad de decisión de quienes estamos más cerca del ciudadano”, ha concluido Marta Barrachina. La Diputación pretende así alzar la voz ante lo que considera una vulneración directa de la autonomía municipal.
