Isabel Díaz Ayuso ha denunciado la intención del Gobierno de "multiplicar fiscalías de sala para colocar a afines" y así imponer su "rodillo". La presidenta madrileña criticó que Pedro Sánchez intenta duplicar competencias en la Fiscalía Anticorrupción.
Asegura que el Ejecutivo ha incrementado el número de fiscalías de sala para controlar el Ministerio Fiscal. Según Ayuso, este movimiento es parte de la estrategia del Gobierno para controlar la justicia. La presidenta alertó de que Sánchez sigue con su "demolición del Estado de derecho" y urgió a frenarlo.
La Asociación de Fiscales (AF) también ha cuestionado las recientes maniobras del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La AF calificó de "inconcebible" que García Ortiz nombre al fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública.
Esta figura será clave para fijar criterios en la Fiscalía sobre delitos como revelación de secretos. Coincidentemente, García Ortiz está siendo investigado en el Tribunal Supremo por este mismo delito. La AF considera inaceptable que el fiscal general designe a la persona encargada de decidir sobre su propio caso.
El comunicado de la AF se publicó tras la convocatoria de un concurso del Ministerio de Justicia el pasado 5 de marzo. En dicho concurso se ofertaron varias plazas en la carrera fiscal, incluida la de fiscal de sala, coordinador de delitos contra la Administración Pública.
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Ayuso sostiene que este proceso es una maniobra para garantizar el control gubernamental sobre la Fiscalía. La presidenta madrileña denuncia que Sánchez está "colocando" fiscales afines para asegurar su influencia en el poder judicial.
El Ejecutivo ha negado cualquier intento de manipulación en el Ministerio Fiscal y defiende la legalidad del proceso. Sin embargo, las críticas de Ayuso y la AF han reavivado el debate sobre la independencia de la justicia en España.
Desde la oposición acusan al Gobierno de utilizar la Fiscalía para blindarse ante futuras investigaciones judiciales. Ayuso ha insistido en que es imprescindible evitar que Sánchez convierta la justicia en un "instrumento político".
Las acusaciones contra el fiscal general del Estado se centran en su papel en el caso de revelación de secretos. García Ortiz fue señalado por la filtración de información judicial que afectó a dirigentes políticos.
La AF considera que su posible injerencia en el nombramiento del fiscal de sala coordinador pone en duda su imparcialidad. La oposición ha pedido explicaciones al Gobierno y exige que García Ortiz se aparte del proceso de selección.
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El conflicto sobre el control de la Fiscalía se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la oposición. Ayuso ha sido una de las voces más críticas con Pedro Sánchez y ha denunciado reiteradamente su intento de controlar las instituciones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que la politización de la Fiscalía es una amenaza para el Estado de derecho. Por ello, ha llamado a la sociedad a movilizarse para impedir que el Ejecutivo siga "desmantelando" la independencia judicial.
