El ayuntamiento de Pozuelo exige cerrar el centro de inmigrantes por falta de licencia

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado este jueves el cierre provisional del centro de acogida Creade. ¿El motivo? El edificio no tiene la licencia necesaria para funcionar como centro residencial. Aun así, lleva en uso con ese fin desde 2022.

El centro está destinado a recibir a 400 menores extranjeros no acompañados que llegarán desde Canarias y Ceuta. Actualmente, ya acoge a otras 400 personas enviadas por el Ministerio de Migraciones.

La notificación se ha enviado a la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del edificio. También se ha informado a la entidad social que lo gestiona.

Una inspección municipal reveló que el inmueble solo tiene permiso desde 2013 para funcionar como hotel, centro educativo, auditorio y garaje. No cuenta con autorización para uso residencial, que es el que se le da en estos momentos.

El edificio puede albergar hasta 564 personas. Hoy hay 404 plazas ocupadas. Entre los residentes hay adultos y menores extranjeros procedentes de Canarias y Ceuta, algunos acompañados por sus familias.

El uso residencial no solo no está permitido por la licencia actual. Además, está expresamente prohibido por la normativa urbanística que regula la parcela. El suelo está destinado a actividades terciarias y comerciales.

Por eso, el Ayuntamiento considera que el centro realiza una actividad contraria al plan urbanístico del municipio.

Esta decisión del consistorio llega tras conocerse que el Gobierno central planea trasladar allí, de forma permanente, a 400 menores solicitantes de asilo. Ese anuncio ha aumentado la preocupación por el uso inadecuado del espacio.

El Ayuntamiento ha insistido varias veces en lo mismo: el centro fue creado para estancias temporales. No puede convertirse en una residencia fija sin cumplir con los requisitos legales.

La suspensión de la actividad es inmediata. No obstante, la Tesorería y la entidad encargada de la gestión tienen 15 días para presentar sus objeciones. En ese tiempo, el Gobierno deberá trasladar a los residentes a centros que sí cumplan con la normativa.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo han señalado que su prioridad es hacer valer la ley. También buscan asegurar la protección y el bienestar de todos los afectados, en especial de los menores.

Calificado de "racismo preventivo"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado esta mañana la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo como un acto de "racismo preventivo". Además, ha afirmado que Inmigraciones aún no ha recibido ninguna notificación sobre el cierre. 

Desde el Ejecutivo central insisten en que no se ha tomado ni comunicado ninguna decisión sobre el destino de los menores.

Martín ha recordado que el centro funciona desde 2022 y que ha acogido a personas desplazadas por diferentes conflictos. "Ha operado con normalidad desde entonces".

"En julio, el Ayuntamiento de Pozuelo avisó que haría todo lo posible para evitar que menores llegados desde Canarias fueran alojados allí". Ha dicho en declaraciones a RNE.

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero (PP), ha criticado la postura del Gobierno. La ha calificado de "buenismo" y de "política irresponsable".

"Esperamos que no ocurra nada grave, pero ese centro debería estar cerrado ya. Pozuelo es una ciudad solidaria, pero no vamos a permitir que se incumpla la ley. El Gobierno debe respetar las normas, igual que cualquier vecino", ha declarado.

Está previsto que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparezca esta mañana para abordar este tema.