EDATV La Audiencia obliga a entregar los audios secretos sobre Podemos
La Sala de lo Penal ordena a tres medios entregar grabaciones completas del supuesto espionaje tras un recurso del PSOE
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado a tres medios de comunicación a entregar los audios del presunto espionaje a Podemos.
La decisión llega tras un recurso interpuesto por el PSOE, que actúa como acusación popular en este procedimiento.
Los magistrados han revocado la decisión inicial del juez instructor Santiago Pedraz, que rechazó la petición en abril. Ahora, los jueces consideran que las grabaciones y una factura vinculada al caso deben formar parte de la investigación judicial.
El origen de este giro se encuentra en la insistencia del PSOE. Los socialistas reclamaron que se incorporaran al sumario los audios publicados por medios digitales en 2019.
Se trataba de conversaciones entre tres policías españoles. Dichos agentes viajaron a Nueva York para negociar con un disidente chavista información sobre la financiación de Podemos.
Pedraz rechazó la petición en abril y desestimó también un recurso posterior en reforma. Sin embargo, el PSOE no se conformó y elevó la solicitud a la Sala de lo Penal. Esta vez los magistrados les han dado la razón por unanimidad.
La Fiscalía se mostró contraria a la petición. Pero la Sala ha considerado pertinente que se practiquen estas diligencias dentro del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Qué grabaciones reclama la Audiencia
Los jueces han ordenado a los medios Moncloa.com, El Confidencial y ABC entregar la totalidad de los audios relacionados con el caso. Se trata de las grabaciones de la reunión mantenida por los policías en el Consulado de España en Nueva York.
En esas cintas se habrían tratado cuestiones sensibles vinculadas a la formación de Pablo Iglesias. | Europapress
En esas cintas se habrían tratado cuestiones sensibles vinculadas a la formación de Pablo Iglesias. Entre los fragmentos publicados destacan frases como: “Tengo un mandato del ministro y del presidente” o “Si Podemos no llega al Gobierno… mejor”.
La Audiencia Nacional también reclama una factura publicada por ABC en la que se señalaba que Iglesias habría recibido 93.000 euros de Irán. Los jueces consideran necesario verificar la autenticidad de este documento.
La necesidad de las diligencias
La Sala de lo Penal subraya que la información conocida hasta ahora es fragmentaria. Por ello, los jueces defienden que se aporte el material íntegro para garantizar la investigación.
En el auto se explica que la documentación publicada solo de forma parcial debe completarse para evaluar su validez.
Al mismo tiempo, el tribunal protege el derecho al anonimato de las fuentes periodísticas y de las comunicaciones mantenidas con los informadores.
Según los magistrados, contextualizar las grabaciones permitirá determinar si tienen eficacia real en la investigación en marcha. En cuanto a la factura, contar con el documento completo puede ofrecer datos esenciales sobre su autenticidad.
Este episodio resulta llamativo porque el PSOE ha intentado en los últimos meses limitar la figura de la acusación popular. | EDATV
Este episodio resulta llamativo porque el PSOE ha intentado en los últimos meses limitar la figura de la acusación popular.
El partido de Pedro Sánchez registró en enero una proposición de ley para impedir que partidos políticos y asociaciones afines puedan ejercerla.
Sin embargo, los socialistas no han dudado en usar esta misma herramienta cuando les resulta favorable. Se han personado como acusación popular en varios procedimientos que afectan al Partido Popular. El caso del supuesto espionaje a Podemos es uno de los más relevantes.
La investigación se inició tras una querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y varios mandos policiales. | Europapress
La investigación se inició tras una querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y varios mandos policiales.
La acusación apuntaba a supuestas investigaciones ilegales contra dirigentes del partido morado, sin control judicial y con fines políticos.
Una batalla política y judicial
Con este movimiento, el PSOE logra mantener vivo un proceso que afecta a sus rivales políticos. La orden de entregar los audios completos abre un nuevo capítulo en la investigación.
Los jueces consideran que no basta con conocer fragmentos filtrados a la prensa. Para determinar la validez de las pruebas, es necesario contar con la totalidad de las grabaciones y documentos.
El debate sobre la acusación popular también sigue abierto. Mientras el PSOE busca restringirla, no duda en emplearla para presionar judicialmente a la oposición. Una estrategia que genera fuertes críticas por su aparente doble rasero.
La resolución de la Sala de lo Penal marca un punto de inflexión. El caso vuelve a ganar protagonismo en los tribunales, y el material solicitado podría resultar clave para esclarecer si existió realmente un espionaje a Podemos desde dentro del aparato del Estado.
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