Los magistrados sostienen que el instructor debe precisar qué personas concretas pretende investigar y qué hechos se atribuyen de forma individual a cada una de ellas
La Audiencia Nacional ha frenado, por el momento, el intento del juez Francisco de Jorge de ampliar la investigación sobre más de una docena de antiguos miembros de ETA refugiados en Venezuela. Según publica La Razón, la Sala de lo Penal ha estimado parcialmente el recurso presentado por varios de los investigados y considera que antes de solicitar información a Venezuela y Estados Unidos es necesario concretar mejor el alcance de la investigación.
En su resolución, los magistrados sostienen que el instructor debe precisar qué personas concretas pretende investigar y qué hechos se atribuyen de forma individual a cada una de ellas. A su juicio, las comisiones rogatorias planteadas resultaban demasiado genéricas y podían derivar en una investigación excesivamente amplia.
Tras el pronunciamiento de la Audiencia, el juez ya ha requerido tanto a la Fiscalía como a la asociación Dignidad y Justicia para que delimiten con mayor precisión los investigados y los hechos que sustentan la petición de colaboración internacional.
La Audiencia Nacional frena el intento de investigar a los etarras refugiados en Venezuela
La Sala pide concretar los investigados antes de seguir adelante
Aunque la Audiencia Nacional considera que las diligencias solicitadas pueden ser "útiles y necesarias", advierte de que cualquier ampliación de la causa debe estar suficientemente justificada para evitar el riesgo de incurrir en una "causa general". Por ello, insta al juez a individualizar tanto a las personas investigadas como las conductas que se les atribuyen.
Según La Razón, entre los nombres sobre los que el magistrado pretendía recabar información figura el exdirigente de ETA José Ignacio de Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos, además de otros antiguos miembros de la organización refugiados en Venezuela, como Arturo Cubillas, José Luis Eciolaza y otros integrantes del denominado colectivo de huidos.
La resolución no cierra la puerta a que esas diligencias puedan practicarse más adelante, pero deja claro que antes será necesario justificar de forma individualizada el papel de cada investigado. Solo una vez delimitado ese marco, la Audiencia considera que podrán reactivarse las solicitudes de cooperación internacional dirigidas a Venezuela y Estados Unidos.
