El uso de militares para montar parte del dispositivo de la visita del Papa León XIV a Canarias ha abierto un nuevo frente para el Ministerio de Defensa. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha pedido explicaciones al departamento que dirige Margarita Robles tras comprobar que efectivos de las Fuerzas Armadas participaron en el traslado y colocación de más de 35.000 sillas para la multitudinaria misa celebrada en Santa Cruz de Tenerife.
La asociación considera "llamativo" que se recurriera a personal militar para unas tareas que, a su juicio, están alejadas de las funciones habituales del Ejército. ATME recuerda que las Fuerzas Armadas desempeñan un papel fundamental en emergencias, catástrofes o labores de apoyo a la seguridad, pero cuestiona que se empleen recursos militares para trabajos logísticos que podrían asumir empresas privadas.
Las imágenes de uniformados colocando sillas en el recinto del acto papal han generado malestar entre parte del colectivo militar, que considera difícil justificar este tipo de labores cuando existen compañías especializadas capaces de realizar estos trabajos y, además, generar empleo en el entorno local.
Defensa, emplazada a aclarar el operativo
Por ello, ATME ha solicitado formalmente a Defensa que detalle qué unidades participaron en el montaje, cuántos efectivos fueron movilizados y si estas tareas se realizaron dentro de la jornada laboral ordinaria o mediante servicios extraordinarios. También reclama saber si el Ministerio recibió algún tipo de contraprestación por el servicio prestado y cuál fue el coste total del operativo.
La asociación va un paso más allá y pide aclarar si en otras ciudades visitadas por el Papa, como Madrid o Barcelona, también se recurrió a militares para desempeñar funciones similares o si la decisión se limitó exclusivamente a Canarias.
Para ATME, la cuestión trasciende el acto religioso y abre un debate más amplio sobre el uso de los recursos públicos y el papel de las Fuerzas Armadas. La organización insiste en que el Ejército no debe convertirse en una alternativa para cubrir tareas que corresponden a administraciones civiles o empresas privadas, y reclama la máxima transparencia para evitar dudas sobre el empleo de personal militar en actividades ajenas a sus cometidos habituales.
