Así viven los Españoles en cárceles marroquíes mientras el Gobierno mira a otro lado
Las historias se repiten de una punta a otra de España. Familias enteras viven pendientes de una llamada, un correo o una respuesta administrativa que nunca termina de llegar.
porJuan Manuel Pulido
politica
Familias denuncian condiciones extremas y retrasos en los traslados pese al convenio vigente con Marruecos
Compartir:
Las historias se repiten de una punta a otra de España. Familias enteras viven pendientes de una llamada, un correo o una respuesta administrativa que nunca termina de llegar. Al otro lado del Estrecho, decenas de ciudadanos españoles cumplen condena en cárceles marroquíes en condiciones que sus allegados describen como extremas.
No reclaman impunidad ni cuestionan las sentencias impuestas por la justicia del país vecino. Lo que exigen es que se aplique el convenio firmado entre España y Marruecos para que los reclusos puedan cumplir sus penas en territorio español.
La situación ha generado una creciente indignación entre familiares que denuncian años de espera, trámites interminables y una aparente falta de prioridad política para resolver unos casos que afectan a ciudadanos españoles encarcelados fuera de nuestras fronteras.
Condiciones penitenciarias que alarman a las familias
Los testimonios coinciden en señalar un escenario muy duro dentro de numerosos centros penitenciarios marroquíes. Los internos conviven en espacios reducidos, comparten celdas con decenas de personas y soportan condiciones higiénicas muy deficientes.
Las familias relatan problemas de alimentación, falta de asistencia sanitaria adecuada y graves consecuencias psicológicas derivadas del aislamiento y del hacinamiento. Algunos reclusos han sufrido episodios depresivos severos durante su estancia en prisión.
La barrera idiomática agrava todavía más la situación. Muchos presos permanecen alejados de sus entornos familiares y carecen de herramientas para comunicarse con normalidad dentro de los centros penitenciarios.
Mientras tanto, sus familiares afrontan un desgaste económico considerable. Viajes frecuentes a Marruecos, contratación de abogados, traducciones y gestiones administrativas suponen un coste difícil de asumir para muchas familias.
España y Marruecos cuentan desde hace décadas con un acuerdo que regula tanto la asistencia a detenidos como el traslado de personas condenadas.
Un convenio que existe pero apenas avanza
España y Marruecos cuentan desde hace décadas con un acuerdo que regula tanto la asistencia a detenidos como el traslado de personas condenadas.
Sin embargo, los familiares denuncian que la aplicación práctica de dicho convenio avanza a un ritmo desesperadamente lento. Cada expediente debe superar numerosos filtros administrativos y judiciales antes de recibir autorización.
Las gestiones implican a distintas instituciones de ambos países. Esta compleja cadena burocrática provoca retrasos que pueden prolongarse durante años.
Según las familias afectadas, muchos internos ya cumplen los requisitos exigidos para ser trasladados. Aun así, continúan esperando una resolución definitiva que nunca acaba de materializarse.
La preocupación aumenta especialmente en aquellos casos donde existen problemas de salud. Los allegados temen que algunos reclusos no lleguen a beneficiarse del traslado pese a haber completado gran parte de sus condenas.
El contraste con la política migratoria española
La situación también ha abierto un debate entre numerosos familiares sobre la protección que reciben los ciudadanos españoles en el extranjero.
Mientras España destina importantes recursos económicos al mantenimiento de centros de acogida, programas sociales y asistencia para inmigrantes y menores extranjeros no acompañados, estas familias consideran que sus casos permanecen relegados a un segundo plano.
Los afectados sostienen que el Estado moviliza cuantiosos recursos para atender a quienes llegan a territorio nacional, pero no muestra la misma diligencia cuando se trata de defender los derechos y condiciones de ciudadanos españoles encarcelados fuera del país.
Este sentimiento de agravio se ha extendido entre decenas de familias repartidas por distintas comunidades autónomas. Muchas de ellas mantienen contacto permanente para compartir información y ayudarse mutuamente en los procedimientos.
No piden privilegios ni un trato especial. Tampoco solicitan la anulación de condenas. Su reivindicación se centra en garantizar unas condiciones dignas y en acelerar unos traslados contemplados por acuerdos internacionales vigentes.
La sensación predominante entre los afectados es la de abandono. Consideran que sus reclamaciones apenas encuentran eco institucional y que la situación de estos españoles rara vez ocupa espacio en el debate público.
Mientras las administraciones continúan tramitando expedientes, decenas de ciudadanos españoles siguen cumpliendo condena en prisiones marroquíes. Sus familias continúan esperando una respuesta que les permita acercarlos a casa.
Para quienes viven esta realidad desde hace años, la petición es sencilla. Reclaman que los convenios existentes se apliquen con eficacia y que ningún ciudadano español tenga que permanecer atrapado indefinidamente en un limbo burocrático mientras cumple condena lejos de su país.
