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Hombre de cabello canoso y traje azul hablando en un podio de madera con micrófonos en un entorno parlamentario
POLÍTICA

Así presionaba Ángel Víctor Torres a los funcionarios por las mascarillas

Los mensajes revelados por la UCO muestran cómo Torres pedía cerrar “rápido” el trato y acelerar pagos, incluso sin verificar el material entregado.

Los mensajes incorporados por la UCO al caso Koldo revelan la presión de Ángel Víctor Torres sobre funcionarios en plena pandemia.

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática participó directamente en la gestión del contrato con Soluciones de Gestión. Esta empresa fue clave en la trama que obtuvo contratos públicos por más de 50 millones, doce de ellos del Gobierno de Canarias. Los investigadores destacan que ningún proveedor tuvo un acceso tan directo a la presidencia canaria como la firma de Víctor Aldama.

Los mensajes muestran cómo Torres pedía cerrar “rápido” el trato y acelerar pagos incluso sin verificar el material entregado. En una conversación con Koldo García, Torres llegó a amenazar a una funcionaria que frenaba el abono de los millones pactados. “O lo soluciona o la levanto por el aire”, escribió el entonces presidente canario al detectar retrasos en el pago de la operación.

Según la UCO, Torres y su número dos, Antonio Olivera, intervinieron activamente para que el contrato se ejecutara sin trabas técnicas. Torres pidió incluso el CIF de la empresa y el importe adeudado para que su equipo pudiese desbloquear los pagos de forma inmediata.

Hombre de cabello canoso con traje azul y corbata roja hablando en un atril que tiene el texto Memoria es democracia

El contrato con Soluciones de Gestión fue presentado al Servicio Canario de Salud a través del Ministerio de Fomento, por mediación de Koldo. En aquel contexto, la urgencia sanitaria sirvió para justificar decisiones que omitieron comprobaciones y controles administrativos habituales. Los mensajes revelan también el malestar de Torres con varios funcionarios que “torpedearon” el proceso por sus reparos técnicos.

Uno de los nombres señalados es el de Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Pérez era la encargada de validar el material recibido y autorizar el pago final del contrato firmado durante el estado de alarma.

En su conversación con Koldo, Torres mencionó que se encargaría personalmente de “levantar por el aire” a la responsable económica.

La UCO considera que esas expresiones reflejan la presión ejercida desde Presidencia para agilizar los pagos a la empresa intermediaria. Los correos analizados muestran además cómo Olivera, mano derecha de Torres, pidió a Pérez aceptar la oferta “rápido y sin demoras”. No se le solicitó evaluar el producto ni verificar su origen, sino ejecutar la operación con carácter urgente, según los mensajes.

Hombre de cabello canoso con traje azul y corbata roja hablando frente a dos micrófonos en un entorno formal

La documentación remitida por Soluciones de Gestión se limitó a una factura proforma y una imagen genérica de las mascarillas FFP2. No se aportaron fichas técnicas completas ni certificados sanitarios que avalaran la idoneidad del material ofrecido por la empresa.

Pese a las carencias, se presionó al personal del Servicio Canario de Salud para que validara y tramitara el pago en cuestión de días. El contrato, finalmente, formó parte del paquete de adjudicaciones que la trama de Koldo utilizó para facturar millones al Estado.

Los agentes de la UCO destacan que el nivel de implicación política fue inusual y que Torres supervisó cada paso de la operación.

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