La asesora de Begoña Gómez tiene un camino judicial complejo
El caso 'Begoña Gómez', la mujer del presidente del Gobierno, sigue siendo todo un escándalo. La investigación judicial contra la mujer de Pedro Sánchez ha resultado en varias imputaciones. Entre estas, la de una trabajadora de Presidencia, Cristina Álvarez, la que hacía labores de asistente para Begoña Gómez, a la vez que estaba adscrita en La Moncloa.
La investigación del caso ha desvelado una serie de comunicaciones en las que se revela que Álvarez trabajaba con la mujer en sus negocios privados. Cristina Álvarez, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, aseguró ante el juez que llegó a La Moncloa tras una llamada de Begoña Gómez.
Según su declaración ante el magistrado Juan Carlos Peinado, la mujer de Pedro Sánchez le llamo nada más ganar la moción de censura contra Rajoy. Supuestamente, y según la declaración de Cristina Álvarez, Begoña Gómez le llamó para ofrecerle el cargo antes mencionado en Presidencia. Es preciso subrayar que la oferta laboral no surgió de ningún alto cargo de Moncloa, fue directamente Begoña Gómez.
La defensa de Álvarez ha recurrido la imputación, argumentando que el juez utilizó su declaración como testigo para imputarla, lo cual consideran una "trampa". Además, cuestionan la falta de motivación en la decisión y la ausencia de indicios claros de delito.
Según un oficio de la Presidencia del Gobierno, Álvarez desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo, en el marco de la atención a la esposa del presidente. Sus funciones incluyen gestionar la agenda, preparar la presencia en reuniones y coordinar con los equipos de protocolo.
El 26 de febrero, Álvarez está citada a declarar como investigada. Ese mismo día, Alfredo González Gómez, quien propuso su nombramiento en La Moncloa, comparecerá como testigo.
Algunas acusaciones han solicitado al juez Peinado una mejor justificación para la imputación de Álvarez. Temiendo que la falta de argumentación pueda llevar a su anulación. En enero, la Audiencia Provincial de Madrid anuló un registro por falta de fundamentación, lo que refuerza esta petición.
