La decisión de la Mesa del Congreso de bloquear las iniciativas parlamentarias que pretendían instar a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas ha abierto un nuevo frente político en el Parlamento. El veto acordado por PSOE y Sumar ha generado una fuerte polémica después de conocerse que la Cámara había permitido en los últimos meses hasta diez votaciones de naturaleza muy similar sobre competencias exclusivas del presidente del Gobierno o del Ejecutivo.
La controversia estalló después de que la Mesa del Congreso tumbara las enmiendas impulsadas por el PP y Junts que buscaban que el Pleno se pronunciara a favor de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. El órgano rector de la Cámara argumentó que esa facultad corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y que, por tanto, las iniciativas “invadían competencias constitucionalmente reservadas” a Sánchez.
Sin embargo, distintos precedentes recientes desmontan esa interpretación restrictiva. Durante esta legislatura, la propia Mesa ha admitido a trámite numerosas mociones y proposiciones no de ley dirigidas a instar al Ejecutivo a actuar sobre competencias que también son exclusivas del Gobierno o del presidente.
Uno de los casos más significativos se produjo en octubre de 2025, cuando el Congreso tramitó y posteriormente aprobó una moción reclamando al Gobierno la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La Constitución establece claramente que corresponde exclusivamente al Ejecutivo elaborar y presentar las cuentas públicas, pero la iniciativa parlamentaria no fue vetada.
Algo parecido ocurrió con la cuestión de confianza. En febrero de 2025, Junts logró que la Mesa admitiera una proposición no de ley para pedir a Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza. La diferencia jurídica era evidente: el Congreso no podía convocarla directamente, pero sí instar políticamente al presidente a hacerlo.
