
Aragón rechaza la 'falsa condonación' de deuda y exige un nuevo modelo de financiación
La vicepresidenta Mar Vaquero calificó la iniciativa de “falsa condonación” y aseguró que supone un perjuicio directo para los aragoneses
El Gobierno de Aragón aprobó este viernes en Consejo de Gobierno un acuerdo sobre las alegaciones al anteproyecto de sostenibilidad.
El texto corresponde a la Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para comunidades autónomas de régimen común. La vicepresidenta Mar Vaquero calificó la iniciativa de “falsa condonación” y aseguró que supone un perjuicio directo para los aragoneses.
En rueda de prensa, la vicepresidenta criticó el plan del Gobierno central por ser “arbitrario, injusto” y por no resolver la infrafinanciación. Según Vaquero, el mecanismo presentado por Hacienda “es una trampa”, ya que aumentará la deuda per cápita en 253 euros en Aragón. La vicepresidenta defendió que, con los cálculos del Ministerio, a Aragón le correspondería mayor quita que la reflejada en el borrador.
El Ejecutivo autonómico exigió rigor y reclamó un sistema de financiación actualizado en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el escrito de alegaciones, el Gobierno aragonés denunció que el documento “no soluciona los problemas de financiación” de la Comunidad Autónoma. La propuesta responde, según el Ejecutivo aragonés, a exigencias políticas de ERC que permitieron a Pedro Sánchez ser investido presidente.

Vaquero sostuvo que el texto “no ha sido consensuado con las comunidades autónomas” y rechazó que se imponga sin acuerdo territorial.
El Gobierno autonómico remarcó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descartó que los recursos se destinen a servicios esenciales. Además, el escrito sostiene que el anteproyecto vulnera principios constitucionales de igualdad, solidaridad, estabilidad presupuestaria y prohibición de la arbitrariedad.
Para Aragón, la condonación planteada es en realidad una subrogación de deuda en favor del Estado que redistribuye cargas entre regiones.
El Ejecutivo aragonés alertó que esta metodología de reparto premia a comunidades endeudadas y castiga a las que gestionaron con responsabilidad. Las alegaciones advierten de un riesgo moral, pues se desincentiva la disciplina fiscal de las autonomías con mayor prudencia presupuestaria.
Por ello, el Gobierno de Aragón pidió suspender la tramitación hasta que se aborde una reforma integral del sistema de financiación.
El Ejecutivo reclama que la prioridad sea garantizar recursos suficientes para los servicios públicos fundamentales de todas las comunidades autónomas.
También exige que se adopte un reparto equilibrado que no penalice a territorios cumplidores ni premie conductas financieras irresponsables. El Gobierno de Aragón concluyó que la propuesta “distorsiona el espíritu de la norma” y no soluciona los problemas estructurales existentes.
El texto oficial alerta de que la fórmula aplicada “genera desigualdades territoriales” y termina resultando perjudicial para la Comunidad aragonesa.
Con esta postura, Aragón se suma a los territorios que piden un nuevo modelo de financiación autonómica frente a la iniciativa estatal.
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