Aragón impondrá pruebas forenses de edad a todos los menas enviados por el Gobierno de Sánchez
Los inmigrantes identificados como mayores de edad quedan posteriormente en libertad dentro del territorio nacional pese a haber falseado presuntamente sus datos personales
La medida ha sido impulsada por el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco tras detectarse varios casos de presunto fraude relacionados con inmigrantes que aseguraban ser menores pese a superar ampliamente la mayoría de edad
El Gobierno de Aragón ha decidido implantar pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados que sean trasladados desde otras comunidades por orden del Ejecutivo central. La medida ha sido impulsada por el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco tras detectarse varios casos de presunto fraude relacionados con inmigrantes que aseguraban ser menores pese a superar ampliamente la mayoría de edad.
La decisión llega después de que el Instituto de Medicina Legal de Aragón confirmara que un supuesto menor de 13 años acogido recientemente por la comunidad tendría en realidad cerca de 20 años. El inmigrante había sido trasladado desde Canarias tras llegar a España procedente de Mauritania y fue derivado a Aragón por decisión del Gobierno central.
Según explicó el Ejecutivo autonómico, los servicios sociales detectaron desde el primer momento importantes contradicciones en la documentación remitida por el Estado. Entre los indicios que levantaron sospechas figuraba el aspecto físico del joven y el hecho de que asegurara tener dos hijos en su país de origen mientras constaba oficialmente como un menor de 13 años.
El vicepresidente Alejandro Nolasco, la estancia del inmigrante habría supuesto un coste aproximado de 13.000 euros
El Gobierno de Aragón sostiene que la Administración central aceptó únicamente la edad declarada por el inmigrante sin aportar pruebas biológicas que acreditaran de manera fehaciente la fecha real de nacimiento. Tras realizarse el examen médico correspondiente, el Instituto de Medicina Legal concluyó que el supuesto menor era en realidad mayor de edad.
Después de conocerse el resultado de las pruebas, el Ejecutivo autonómico comunicó la situación a la Delegación del Gobierno y procedió a expulsar al falso mena del centro de acogida en el que permanecía desde hacía casi tres meses. Según informó el vicepresidente Alejandro Nolasco, la estancia del inmigrante habría supuesto un coste aproximado de 13.000 euros para las arcas públicas aragonesas.
Los inmigrantes identificados como mayores de edad quedan posteriormente en libertad dentro del territorio nacional pese a haber falseado presuntamente sus datos personales
El Gobierno autonómico asegura que este caso no es aislado y advierte de otros expedientes en los que también existirían dudas sobre la edad real de algunos menores extranjeros trasladados a Aragón. Entre ellos figura el caso de una menor que oficialmente tendría nueve años, aunque una valoración pediátrica estima que podría rondar los trece.
Ante esta situación, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha aprobado un nuevo protocolo interno para solicitar pruebas forenses de edad en todos los casos de menas enviados a la comunidad. El Ejecutivo aragonés sostiene que únicamente una pequeña parte de estos inmigrantes llega con certificados biológicos que acrediten de forma oficial su edad.
Alejandro Nolasco ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de permitir situaciones irregulares por la falta de controles efectivos. El vicepresidente aragonés aseguró que Aragón no permanecerá “de brazos cruzados” ante los casos de fraude detectados en los centros de acogida de menores.
El dirigente autonómico también criticó la actuación de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior al considerar que los inmigrantes identificados como mayores de edad quedan posteriormente en libertad dentro del territorio nacional pese a haber falseado presuntamente sus datos personales para acceder a recursos públicos destinados a menores.
