El Gobierno de Aragón ha decidido implantar pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados que sean trasladados desde otras comunidades por orden del Ejecutivo central. La medida ha sido impulsada por el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco tras detectarse varios casos de presunto fraude relacionados con inmigrantes que aseguraban ser menores pese a superar ampliamente la mayoría de edad.
La decisión llega después de que el Instituto de Medicina Legal de Aragón confirmara que un supuesto menor de 13 años acogido recientemente por la comunidad tendría en realidad cerca de 20 años. El inmigrante había sido trasladado desde Canarias tras llegar a España procedente de Mauritania y fue derivado a Aragón por decisión del Gobierno central.
Según explicó el Ejecutivo autonómico, los servicios sociales detectaron desde el primer momento importantes contradicciones en la documentación remitida por el Estado. Entre los indicios que levantaron sospechas figuraba el aspecto físico del joven y el hecho de que asegurara tener dos hijos en su país de origen mientras constaba oficialmente como un menor de 13 años.
El Gobierno de Aragón sostiene que la Administración central aceptó únicamente la edad declarada por el inmigrante sin aportar pruebas biológicas que acreditaran de manera fehaciente la fecha real de nacimiento. Tras realizarse el examen médico correspondiente, el Instituto de Medicina Legal concluyó que el supuesto menor era en realidad mayor de edad.
