
Anticorrupción rechaza ingresar en prisión a Ábalos
Anticorrupción considera que no existen motivos suficientes para solicitar su ingreso en prisión preventiva
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no solicitar el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos, investigado en el marco del caso Koldo. En su lugar, el organismo ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga las medidas cautelares ya impuestas al exdirigente socialista.
Esta decisión se produce tras la declaración de Ábalos ante el Supremo, donde se abordaron las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
El caso Koldo, que salpica a varias figuras del entorno político, se centra en presuntos delitos de corrupción y fraude en contratos de emergencia. Ábalos, quien fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, está bajo escrutinio por su posible vinculación con estas operaciones.

Sin embargo, Anticorrupción considera que no existen motivos suficientes para solicitar su ingreso en prisión preventiva. En cambio, aboga por mantener las restricciones actuales, que incluyen la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juez.
Esta resolución ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores consideran que la decisión de Anticorrupción refleja una postura prudente, mientras que otros creen que podría interpretarse como una señal de lenidad en un caso de gran repercusión pública. El entorno de Ábalos, por su parte, ha defendido su inocencia, asegurando que el exministro está colaborando plenamente con la justicia.
El Tribunal Supremo, que asumió la investigación debido a la condición de aforado de Ábalos, continúa analizando las pruebas presentadas. Además, otras figuras clave, como Santos Cerdán y Koldo García, también han sido citadas en relación con este caso, aunque sus comparecencias han sido aplazadas. La investigación sigue abierta, y se espera que en los próximos meses se aclaren las responsabilidades.
Este caso ha reavivado el debate sobre la gestión de los contratos públicos durante la crisis sanitaria. La ciudadanía exige transparencia y rigor en las investigaciones. Por ahora, Ábalos evita la prisión, pero el proceso judicial promete nuevos capítulos que podrían tener un impacto político significativo.
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