La entidad ha mostrado especial preocupación por iniciativas como la prohibición del uso del burka y el nikab en determinados espacios
Amnistía Internacional Castilla y León ha lanzado una dura advertencia sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener el nuevo pacto de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma. La organización considera que varias de las medidas contempladas en el acuerdo suponen un "grave retroceso" en materia de derechos humanos y cuestionan principios básicos de igualdad, no discriminación y protección de colectivos vulnerables.
La entidad ha mostrado especial preocupación por iniciativas como la prohibición del uso del burka y el nikab en determinados espacios, una medida que, según sostiene, podría vulnerar el derecho a la libertad religiosa y afectar especialmente a mujeres musulmanas. Para Amnistía Internacional, las restricciones sobre la vestimenta por motivos religiosos deben analizarse siempre desde la perspectiva de los derechos fundamentales y las libertades individuales.
Además de esta cuestión, la organización ha puesto el foco en otras propuestas incluidas en el acuerdo político, como la aplicación del denominado principio de "prioridad nacional", el rechazo a la acogida de menores inmigrantes no acompañados, los planes de repatriación de extranjeros en situación irregular y la exclusión de inmigrantes sin documentación de determinadas prestaciones públicas.
Según la asociación, estas medidas podrían entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, protección de la infancia y lucha contra la discriminación. En este sentido, recuerda que las administraciones públicas están obligadas a garantizar el acceso a derechos básicos sin distinción por origen, nacionalidad o situación administrativa.
Amnistía Internacional también ha criticado la intención de endurecer la gestión de los centros de menores y la reforma del padrón municipal planteada en el acuerdo. La entidad considera que cualquier modificación normativa debe respetar el acceso efectivo a servicios esenciales como la sanidad, la educación o los programas de inclusión social.
Otro de los aspectos señalados por la organización es la ausencia de nuevas medidas específicas contra la violencia de género. En un contexto en el que las agresiones machistas continúan siendo una preocupación social, Amnistía considera necesario reforzar los mecanismos de protección a las víctimas y garantizar recursos suficientes para la prevención y atención especializada.
En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha insistido en que ningún acuerdo político puede justificar un debilitamiento de los derechos fundamentales. Por ello, ha pedido a las instituciones autonómicas que mantengan una defensa firme de los principios recogidos en la legislación nacional e internacional.
La entidad también ha reclamado políticas activas para facilitar el acceso a la vivienda, incluyendo medidas para contener precios, ampliar el parque público residencial y eliminar posibles barreras discriminatorias en el acceso a ayudas sociales. Asimismo, ha advertido sobre el riesgo de normalizar discursos que vinculen inmigración y delincuencia, al considerar que este tipo de mensajes pueden alimentar el rechazo social y la estigmatización de determinados colectivos.
