Las pulseras telemáticas para vigilar a agresores de violencia de género vuelven al centro de la polémica. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ya había alertado de los riesgos en enero de 2024. Sin embargo, meses después, las denuncias por fallos en el sistema no cesan.
La expresidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona, asegura que la advertencia se trasladó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías”, señaló en declaraciones a El Confidencial.
El problema surge del cambio de proveedor. Hasta finales de 2023, el servicio lo prestaba Telefónica. Después pasó a manos de Vodafone, una empresa sin experiencia previa en este tipo de dispositivos, según Carmona.
El nuevo contrato trajo consigo la adquisición de pulseras diferentes. Ahí empezó la controversia.
“Nosotros comprobamos que se habían comprado en AliExpress. Lo comprobé yo”, denunció la expresidenta. La frase ha marcado el debate y ha alimentado la desconfianza en el sistema.
Desde el Ministerio de Igualdad rechazan esa versión. Sostienen que los nuevos dispositivos son “más modernos” y aseguran que los fallos fueron puntuales durante el traspaso de datos. Añaden que ahora las pulseras son “propiedad del Ministerio”, lo que mejora el modelo anterior basado en renting.
Pese a esta defensa oficial, las críticas crecen. Carmona advierte de tres problemas graves. Primero, que los agresores pueden quitarse las pulseras con más facilidad.
