El Gobierno de Aragón ha ultimado los detalles para la licitación de la Oficina contra la Okupación Ilegal, que contará con delegaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel. El vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, han anunciado que los pliegos ya están listos para revisión y que se espera adjudicar el contrato a profesionales del derecho para brindar asesoramiento jurídico a los afectados por la ocupación ilegal.
Esta oficina ofrecerá un único número de teléfono para que los afectados puedan recibir apoyo legal durante todo el proceso. La iniciativa responde al aumento del 8,9% en los casos de ocupación ilegal en Aragón en 2023, según datos del Ministerio del Interior. En un encuentro con la Plataforma de Afectados del Gancho-Pignatelli, Nolasco ha señalado que solo en esa zona hay más de 20 edificios ocupados ilegalmente, y que en muchos casos no se trata de familias vulnerables, sino de delincuentes que viven de la amenaza, la extorsión y el robo.
Alejandro Nolasco ha subrayado que la Oficina será un paso importante para proporcionar seguridad en la comunidad autónoma de Aragón, ante una situación que ha calificado como "terrible". También ha señalado que "no estamos hablando de familias vulnerables, sino de delincuentes que viven de la amenaza, la extorsión y el robo".
La directora general de Justicia ha destacado que la Oficina no solo brindará asesoramiento jurídico, sino que también ofrecerá acompañamiento a las víctimas durante el proceso judicial. Asimismo, ha comentado que la Oficina tiene la intención de disuadir la ocupación ilegal y actuar de manera más rápida y eficaz. Se espera que esta nueva entidad sea el inicio para mejorar la seguridad y apoyar a los afectados por la ocupación ilegal en Aragón.
La puesta en marcha de la Oficina contra la Okupación Ilegal es parte del compromiso del Gobierno de Aragón para abordar el problema de la ocupación ilegal y proteger la propiedad privada y la seguridad de las familias. La creación de esta Oficina es una respuesta concreta a las crecientes preocupaciones sobre la ocupación ilegal en la región y su impacto en la comunidad.
