El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha vuelto a demostrar que hay líneas que una sociedad democrática no debe cruzar jamás: la dignidad de las víctimas del terrorismo está por encima de cualquier intento de blanqueamiento político o cultural de ETA. Su decisión de retirar una exposición que incluía referencias y mensajes ofensivos para quienes sufrieron el terror etarra no responde a censura, sino a una cuestión elemental de respeto y principios.
Durante décadas, España vivió bajo la amenaza de una banda terrorista que asesinó a más de 1000 personas, incluyendo sus "marcas blancas", sembró el miedo y rompió miles de familias. En ese contexto, resulta incomprensible que todavía hoy existan iniciativas que, directa o indirectamente, puedan interpretarse como una normalización de quienes justificaron o ampararon aquella violencia. Las instituciones públicas no pueden ser neutrales ante eso.
Toquero entendió algo fundamental: gobernar también implica asumir el coste de tomar decisiones incómodas cuando están en juego valores esenciales. Mientras algunos optan por mirar hacia otro lado para evitar polémicas, él decidió situarse del lado de las víctimas, de la memoria y de la convivencia democrática. Y lo hizo aun sabiendo que recibiría críticas y ataques políticos.
Defender la libertad de expresión no significa aceptar cualquier mensaje en espacios públicos financiados por todos. La libertad termina donde comienza la humillación a las víctimas. Esa frontera es especialmente sensible en España, un país que todavía conserva heridas abiertas por el terrorismo.
Por eso, la actuación del alcalde de Tudela merece reconocimiento. No por generar confrontación, sino precisamente por recordar que una democracia sólida se construye sobre la memoria, la justicia y el respeto a quienes sufrieron la barbarie. Frente a la ambigüedad moral, Alejandro Toquero eligió claridad. Y muchos ciudadanos consideramos que acertó plenamente.
