Acoso lingüístico en Barcelona: la Generalitat de Illa avala una queja, sin verificar, contra un bar

El Gobierno de la Generalitat presidido por Salvador Illa se ha visto envuelto en una nueva polémica. Esta vez, relacionada con la política lingüística en Cataluña tras respaldar una denuncia pública contra un bar de Barcelona.

Este, acusado de discriminar a un cliente por hablar en catalán. La actuación del Ejecutivo autonómico ha generado críticas por sumarse a una campaña de acoso en redes sin contrastar los hechos con el establecimiento señalado.

El origen del conflicto se sitúa en la queja difundida en la red social X por un usuario independentista. Este aseguró haber sido instado a “hablar en cristiano” en el local por expresarse en catalán. El denunciante no aportó pruebas concluyentes más allá de una fotografía de la fachada del bar.

Una imagen que sirvió para identificar públicamente el negocio y desencadenar una oleada de ataques digitales.

Pese a la falta de verificación, el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat dio por válida la versión del denunciante. Y se ofreció públicamente a tramitar la queja.

Esta reacción institucional, basada únicamente en el testimonio de una de las partes, ha sido interpretada como un respaldo implícito al señalamiento del local. Que desde entonces ha sido objeto de críticas, reseñas negativas y comentarios hostiles en redes sociales.

Desde el bar afectado niegan de forma tajante las acusaciones y aseguran que en ningún momento se produjo un episodio de discriminación lingüística. Según su versión, el establecimiento atiende habitualmente en español y catalán y, tras el incidente, ofreció al cliente las correspondientes hojas de reclamaciones. Sin embargo, la Administración no contactó previamente con el negocio antes de posicionarse públicamente.

Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años se han repetido episodios similares en Cataluña. Donde locales que utilizan mayoritariamente el español son señalados en redes sociales por sectores del independentismo.

Estas campañas suelen derivar en acoso digital, boicots y actos vandálicos. 

Algo similar ocurrió recientemente con una heladería del barrio de Gràcia, que acabó con pintadas insultantes en su fachada.

Diversos colectivos advierten de que estas prácticas tensionan la convivencia y el clima social en Cataluña. Además de vulnerar el principio de neutralidad lingüística recogido en la Constitución y en la jurisprudencia.

La intervención de la Generalitat en este tipo de conflictos, sin una investigación previa crea debate. Alimenta la percepción de que la Administración no actúa como árbitro neutral, sino que toma partido en disputas identitarias.

La polémica ha reabierto el debate sobre el uso político de la lengua y sobre el papel que deben desempeñar las instituciones en la protección de los derechos.