El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido no enviar a prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ni a su antiguo asesor, Koldo García, según fuentes judiciales. Esta resolución se produce tras la comparecencia de ambos este lunes en el marco de una investigación por presunta corrupción. La acusación popular había solicitado prisión sin fianza para ambos, pero el magistrado ha descartado esta medida por el momento.
Ábalos, ex número tres del PSOE, acudió al Supremo por tercera vez este lunes. Su llegada estuvo marcada por tensiones, ya que un grupo de personas lo recibió con gritos de "corrupto".
El registro a Ábalos sigue en el foco
Koldo García, por su parte, llegó al tribunal media hora antes, a las 11:30, para declarar en la misma causa. Ambos se reunieron horas antes en un despacho en Madrid, según informó The Objective. Este encuentro ha generado especulaciones sobre la coordinación de sus estrategias legales.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la gestión de Ábalos como ministro de Fomento. Según The Objective, Ábalos adjudicó 14,5 millones de euros a una constructora valenciana, lo que ha levantado sospechas sobre posibles favores o irregularidades.
Además, durante su declaración, Ábalos afirmó no reconocerse en los audios presentados como prueba y sugirió que podrían estar manipulados.
La acusación popular insistió en la gravedad de los hechos y pidió medidas drásticas. Sin embargo, el juez Puente consideró que no hay elementos suficientes para justificar la prisión preventiva en este momento.
La investigación sigue en curso, y el Supremo ya había rechazado previamente un recurso de Ábalos. Esto, recordándole que existen "indicios suficientes" para mantenerlo bajo investigación.
Este caso ha generado un fuerte impacto político. La sociedad espera más claridad sobre las acusaciones que involucran a figuras clave del PSOE. Por ahora, tanto Ábalos como Koldo permanecen en libertad mientras el Supremo continúa evaluando las pruebas.
El desarrollo de esta causa podría tener consecuencias significativas para el panorama político español.
