La reforma judicial impulsada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, vuelve a situarse en el centro del debate tras los últimos datos sobre el funcionamiento de los juzgados. Lejos de rebajar la carga de trabajo, las cifras reflejan un aumento de los casos pendientes y un incremento de la presión sobre el sistema judicial.
En paralelo, la reciente regularización masiva de extranjeros aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente. La combinación de ambos factores podría tener consecuencias directas en el ámbito penitenciario y en la situación administrativa de miles de personas.
Según los datos conocidos, el aumento de la pendencia judicial y la falta de resoluciones firmes podría permitir que personas en prisión preventiva accedan a este proceso de regularización.
Colapso judicial
Un año después de la entrada en vigor de la reforma recogida en la Ley Orgánica 1/2025, los indicadores no reflejan una mejora en la agilidad de los juzgados. Al contrario, los casos pendientes en la jurisdicción penal han aumentado un 11,7 %, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El volumen total de asuntos sin resolver también ha crecido. El año 2025 cerró con cerca de cinco millones de resoluciones pendientes, lo que supone unos 100.000 casos más que el año anterior. Esta acumulación de procedimientos ha contribuido a alargar los tiempos de respuesta judicial.
