Se eliminan rebajas del IVA y aplica nuevos gravámenes mientras familias y empresas enfrentan un aumento de impuestos
El año 2025 arranca con un paquete de medidas fiscales que endurece la carga impositiva, a pesar del crecimiento sostenido en la recaudación del Estado.
Según datos preliminares, el Ministerio de Hacienda ha acumulado 79.288 millones de euros adicionales en comparación con 2018, lo que supone un aumento del 41% en seis años.
Este incremento ha sido constante, excepto durante la caída provocada por la pandemia. En 2019, primer año completo de Pedro Sánchez como presidente, la recaudación subió un 1,6%. Sin embargo, en 2020 se desplomó un 9%, reflejo del impacto económico de la crisis sanitaria.
A partir de 2021, los ingresos fiscales se dispararon. Un 14,9% ese año, un 15,9% en 2022, un 5,5% en 2023 y un 8,3% en 2024.
La subida sostenida en los ingresos del Estado se atribuye tanto al efecto de la inflación, que ha aumentado un 18% en los últimos cuatro años, como al crecimiento salarial.
No obstante, expertos advierten que las constantes subidas de impuestos también han desempeñado un papel clave.
Según el Instituto Juan de Mariana, durante las legislaturas de Pedro Sánchez se han aprobado al menos 69 incrementos fiscales, cifra que sigue aumentando con las nuevas medidas introducidas este enero.
Entre las novedades fiscales para 2025 destaca el aumento del tipo marginal del IRPF sobre rendimientos del capital, que sube al 30%.
Además, entra en vigor un nuevo impuesto a la banca, que grava el margen de intereses y las comisiones generadas en España.
Por otro lado, el Gobierno ha eliminado las rebajas del IVA aplicadas a alimentos básicos. A partir de este año, los productos de tipo reducido y superreducido vuelven a tributar al 10% y 4%, respectivamente.
Esta medida, que había sido adoptada como paliativo ante la crisis inflacionaria, ha generado preocupación entre los consumidores y las asociaciones de defensa del consumidor.
Estas subidas fiscales han generado críticas desde distintos sectores. La oposición acusa al Gobierno de asfixiar a las familias y a las empresas en un contexto de ralentización económica.
Además, denuncian que el incremento de los ingresos no se ha traducido en una mejora perceptible de los servicios públicos. Por su parte, representantes del sector bancario y energético han alertado sobre el impacto que los nuevos impuestos tendrán en la inversión y el empleo.
En declaraciones recientes, la ministra de Hacienda argumentó que el aumento de la recaudación ha permitido reforzar servicios esenciales como la sanidad y la educación.
Sin embargo, economistas advierten que una presión fiscal excesiva puede frenar el crecimiento económico y reducir la competitividad del país.
Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, España ya se encuentra entre los países de la Unión Europea con mayor carga fiscal.
Con un panorama de incertidumbre global, las próximas decisiones fiscales serán clave para determinar el rumbo económico del país en los próximos años.
