15 investigados por las VPP de Les Naus: la justicia aprieta sobre el legado del PSOE en Alicante
porEDATV
politica
Entre los llamados a declarar están la exdirectora general de Contratación, un arquitecto municipal y la gestora de la cooperativa promotora del complejo
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La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus, en Playa de San Juan, ha dado un paso decisivo: cita como investigadas a 15 personas para los próximos meses de mayo y junio.
La lista es larga y significativa. Entre los investigados figura Rocío Gómez, exedil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. También María Pérez-Hickman, exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación. Un arquitecto municipal completa el trío de funcionarios señalados desde dentro del consistorio. Por parte de Fraorgi, la cooperativa promotora del complejo, está citado su administrador único.
Pero la investigación no se queda ahí. Otros diez investigados son beneficiarios directos de la adjudicación de nueve viviendas, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La magistrada también ha acordado citar a siete testigos. Desde la Conselleria de Vivienda acudirán el director general de Planificación y Políticas de Vivienda y la jefa de la sección de Emergencia Habitacional, junto a una técnica de Arquitectura y otra de Administración General. Por parte del Ayuntamiento de Alicante declararán la jefa de servicio de Gestión Patrimonial, un técnico del mismo servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.
Todas estas citaciones llegaron a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En la misma providencia, la jueza rechazó la solicitud de la acusación popular que ejerce Ciudadanos de llamar como testigo —y no como investigado— al jefe de la Sección de Vivienda Protegida, al entender el Ministerio Público que ese funcionario está presuntamente implicado en los hechos.
El caso apunta directamente a decisiones tomadas durante los años en que Compromís y el PSOE compartían gobierno en el Ayuntamiento de Alicante. Fueron ellos quienes gestionaron estas adjudicaciones. Ahora es la justicia quien tendrá que explicar lo que las urnas no pudieron resolver.
