No es una medida administrativa ni humanitaria. Es una decisión política con efectos electorales, demográficos y culturales nada profundos, especialmente cuando se impulsa en la antesala de futuras elecciones.
España ya ha vivido procesos similares. En 1986, 1991, 1996, 2000 y especialmente en 2005, bajo gobiernos socialistas, se llevaron a cabo regularizaciones masivas de inmigrantes. La más conocida, la del presunto delincuente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, legalizó a más de 570.000 personas. Aquella decisión fue duramente criticada por su efecto llamada y por su impacto político a medio y largo plazo.
La propuesta de regularización actual se produce en un contexto aún más delicado: una España polarizada, con una presión migratoria creciente, con servicios públicos tensionados y con una aritmética electoral extremadamente ajustada.
Cuando un Gobierno regulariza de golpe a cientos de miles de personas, no solo les concede papeles. Les abre el acceso a derechos sociales, a ayudas públicas, a subsidios, a vivienda protegida y, con el paso del tiempo, al derecho al voto. Esto no es una opinión: es una realidad jurídica y política. Hablo en primera persona. Yo llegue a España sin papeles y hace muchos años que tengo pasaporte español y puedo votar.
Mientras tanto, el Gobierno avanza en dos frentes perfectamente coordinados: regularizaciones masivas y adaptación obligatoria de los servicios públicos a demandas religiosas concretas. Primero te doy papeles. Luego adapto el Estado a tu identidad. Después te recuerdo quién te ha protegido.
Menú halal obligatorio en colegios y hospitales. Tambien recien anunciado y no es una puñetera casualidad. Que nadie se engañe. No hablamos de permitir opciones voluntarias donde haya demanda razonable y gestión local. Hablamos de imponer, desde el poder central, criterios religiosos en contratos públicos de restauración en colegios y hospitales. Es decir, convertir una prescripción religiosa en obligación administrativa.
El mensaje es demoledor: el Estado no exige integración; se adapta. Y cuando el Estado se adapta, reordena lo público y redefine lo normal. Hoy es la comida. Mañana es el calendario. Pasado mañana, la educación.
La política moderna no se basa solo en convencer votantes existentes, que además lo tienen dificilisimo, sino en fabricar nuevos. Las ayudas, las regularizaciones y las políticas identitarias generan vínculos de dependencia y gratitud política. No todos los beneficiarios votarán al PSOE o a Podemos evidentemente y gracias a Dios, a las pruebas me remito, pero una parte significativa sí lo hará. Pensar lo contrario es desconocer cómo funciona el comportamiento electoral.
En las últimas elecciones generales, el partido que ganó las elecciones, el Partido Popular obtuvo alrededor de 8 millones de votos. En España residimos cerca de 10 millones de personas nacidas en el extranjero. No todos votan, no todos están regularizados ni nacionalizados, pero el potencial demográfico y electoral es evidente. Basta con influir en una parte de ese colectivo para alterar mayorías en municipios, comunidades autónomas e incluso en el Congreso.
El discurso oficial insiste en que España necesita inmigración por razones demográficas y laborales. Es cierto que la natalidad es baja entre españoles y que el envejecimiento es un desafío. Pero no toda inmigración es igual ni toda política migratoria produce integración automática. La integración requiere exigencia, normas claras y respeto a la cultura y a las leyes del país de acogida. Es algo que escribo aquí y que podréis ver que repito con frecuencia en mis programas de radio de esta misma casa: Criticones 2.0 y Un Paso Al Frente, que os invito a ver en Youtube y escuchar en Ivoox.
Uno de los puntos más silenciados del debate es el de la seguridad. Los datos oficiales del INE y del Ministerio del Interior muestran que existe una sobrerrepresentación de población extranjera en determinados delitos, especialmente en agresiones sexuales y delitos violentos. Señalarlo no es racismo: es analizar estadísticas públicas. Y ya me podéis llamar facha, aunque dado que soy de origen extranjero, “tengo un pase”. Determinados modelos de inmigración descontrolada y sin integración generan bolsas de marginalidad y conflicto. Negarlo por motivos ideológicos solo agrava el problema.
