Félix Bolaños: el enterrador de la justicia independiente en la España del Sanchismo

En el ecosistema político del Sanchismo, cada pieza cumple una función precisa dentro del engranaje totalitario y corrosivo del régimen. Algunas figuras son fácilmente reconocibles por sus excesos verbales, otras por su presencia mediática impostada o su tono populista. Y luego está Félix Bolaños: discreto pero omnipresente, siempre en la sombra, siempre maniobrando, siempre tejiendo redes de poder. El actual ministro de Justicia no es simplemente un técnico con carnet del PSOE. Es el verdadero cerebro jurídico del régimen de Pedro Sánchez, con permiso siempre del ex juez prevaricador Baltasar Garzón. Es el ejecutor silencioso de las mayores atrocidades institucionales de nuestra democracia reciente.

Y ahora, con la última decisión del juez Juan Carlos Peinado —el mismo que investiga a Begoña Gómez—, la figura de Bolaños entra por derecho propio en el epicentro de la tormenta. Peinado ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al ministro por su posible implicación en la trama que salpica directamente a la mujer del presidente. Y como era de esperar, en lugar de dimitir o dar explicaciones, el Sanchismo responde como siempre: cerrando filas, deslegitimando al juez y preparando una reforma judicial que no es otra cosa que un golpe institucional en toda regla.

Bolaños, el otro mayordomo de Sánchez y su cerebro jurídico

Félix Bolaños no es un simple ministro. Es el notario del poder sanchista. El hombre que redacta, valida y justifica jurídicamente cada paso en la demolición del Estado de Derecho. Fue él quien orquestó la exhumación de Francisco Franco, cuando era Secretario General de Presidencia de Gobierno, el encargado de dirigir los trabajos de la profanación, convirtiendo la justicia en un circo mediático al servicio de la propaganda. Fue él quien redactó el esperpento de ley de Memoria Democrática, una norma liberticida con la que se persigue al disidente y se subvenciona al chiringuito ideológico de la izquierda. Fue él quien controló cada nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, cada presión a los fiscales, cada jugada con el Tribunal Constitucional. Y ahora, cuando el barco se hunde por la podredumbre de corrupción, es él quien prepara la vía de escape jurídica para blindar a Pedro Sánchez y su entorno más íntimo.

No es casual que sea precisamente Bolaños el destinatario de la exposición razonada del juez Peinado. El magistrado apunta a que el ministro de Justicia podría haber incurrido en presuntos delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o incluso prevaricación. No olvidemos que fue Bolaños quien encabezó la estrategia de presión contra el propio juez desde los altavoces del Gobierno, a través de los medios comprados y de asociaciones judiciales afines. La misma estrategia de acoso que ya conocimos con Dolores Delgado y que ahora se ha perfeccionado hasta convertirse en política de Estado.

La reforma judicial: golpe institucional en diferido

En paralelo a su cerco judicial, Bolaños promueve ahora una “reforma” que supondría de facto el fin de la independencia judicial en España. El objetivo no es otro que controlar de manera absoluta la designación de los jueces, que los magistrados sean nombrados por cuotas políticas en lugar de por méritos profesionales. Ya no disimulan. Lo llaman “despolitizar”, pero en realidad significa politizar aún más, pero sólo con los suyos. Un modelo al estilo venezolano, cubano o nicaragüense: apariencia de institucionalidad, pero control absoluto del aparato de justicia por el poder ejecutivo.

Con esta reforma, Pedro Sánchez se garantiza un escudo de impunidad. El CGPJ sería una oficina dependiente del ministerio, el Tribunal Supremo un decorado, y los jueces que se atrevieran a investigar a su mujer, a sus ministros o a sus amigos serían laminados, expedientados o enviados al ostracismo. Todo bajo el argumento de la regeneración democrática y la lucha contra la “ultraderecha judicial”. Y lo más grave es que buena parte de la prensa, obediente y cobarde, aplaude este golpe blando como si se tratara de una simple reestructuración administrativa.

Bolaños y la persecución a los jueces

La figura del juez Peinado ha sido objeto de una campaña sin precedentes. Lo han acusado de facha, de machista, de estar vinculado a Vox, de buscar protagonismo. Le han inventado escándalos personales, lo han insultado en las tertulias, lo han presionado desde la fiscalía. ¿Cuál es su delito real? Atreverse a investigar a la esposa del presidente. Atreverse a hacer su trabajo. Atreverse a creer que la ley también debe aplicarse a Begoña Gómez, a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos o a Víctor de Aldama. En esta España que diseña Bolaños, eso es un crimen.

Y si eso no fuera suficiente, ahora se pretende dar una patada al tablero: se baraja incluso apartar a Peinado del caso con cualquier excusa procesal. ¿El argumento? Que se ha extralimitado. ¿El motivo real? Que ha señalado directamente al verdadero poder: el que ejerce Bolaños desde su despacho ministerial, con más influencia que muchos jueces, fiscales y periodistas juntos.

¿Un ministro que debe ser investigado puede seguir un día más?

En cualquier democracia madura, un ministro de Justicia investigado por posible encubrimiento de una trama de corrupción que afecta al entorno familiar del presidente, habría dimitido al instante. Pero aquí no. Aquí, el ministro se parapeta tras el Falcon, se pasea por platós afines, y sigue dirigiendo la “regeneración” de la justicia mientras es señalado por un juez por delitos gravísimos. ¿Cómo puede alguien que puede acabar imputado estar al frente del ministerio que nombra jueces, controla la fiscalía y supervisa los tribunales? La respuesta es clara: sólo en una autocracia como la que ha instaurado el Sanchismo.

Bolaños debe caer si queremos salvar algo

Félix Bolaños no puede continuar ni un segundo más como ministro. Si el PSOE aún tiene algo de decencia —si no está completamente podrido—, que lo está, debería exigir su cese inmediato. Pero no lo harán. Porque Bolaños no es un ministro cualquiera. Es el arquitecto del escudo de impunidad que protege a Pedro Sánchez. Es el garante de la impunidad de Begoña Gómez. Es el cancerbero del aparato jurídico que persigue a jueces independientes, a periodistas libres y a ciudadanos críticos. Es el enterrador de la justicia, y su permanencia en el cargo es una amenaza directa a la democracia.

Lo que está en juego ya no es el futuro de un gobierno, ni siquiera el destino de un partido. Lo que se está dilucidando ahora mismo en España es si el Estado de Derecho sigue vivo o si lo dejamos morir a manos de quienes han hecho de la corrupción, la mentira y la represión su modo de vida. Y si permitimos que Bolaños continúe, entonces no podremos decir que no lo vimos venir. Porque el juez Peinado ya nos lo ha señalado con claridad: el problema no es solo Begoña. El problema se llama Bolaños.