El pasado martes, 2 de septiembre, se consumó en Bruselas una nueva escena de la rendición de España ante sus enemigos. No se trató de un encuentro institucional, ni de un gesto de diálogo, como algunos pretenden disfrazarlo. Fue la fotografía de la indignidad, el retrato de la derrota de un Estado que ha claudicado. Allí estaban dos delincuentes: Salvador Illa, el filósofo de la muerte, y Carlos Puigdemont, prófugo de la justicia española.
El filósofo de la muerte
Conviene recordarlo: Salvador Illa no es un político respetable, ni mucho menos un hombre de Estado. Fue el ministro de Sanidad de la pandemia, responsable de una gestión criminal que costó la vida a miles de españoles. Encerró a un país bajo un estado de alarma declarado inconstitucional, permitió que se celebraran manifestaciones feministas mientras el virus se expandía, ocultó cifras de fallecidos y convirtió España en un laboratorio de control social. Ese hombre, lejos de rendir cuentas ante los tribunales, fue premiado con la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Un ejemplo más de cómo en este país el crimen paga y la ineptitud se recompensa.
El golpista impune
Frente a él, Carlos Puigdemont, prófugo de la justicia, cobarde que huyó escondido en un maletero tras dar un golpe de Estado contra España en 2017. Un hombre que debería estar entre rejas y que, sin embargo, dicta condiciones a un Gobierno arrodillado. La amnistía diseñada por Sánchez le ha abierto la puerta a blanquear la sedición y la rebelión, pero no es suficiente para este golpista: ahora exige que se le perdone también la malversación, el dinero robado a los catalanes, desviado para pagar urnas, propaganda y estructuras separatistas. Dinero que debería haber ido a hospitales y colegios, pero que fue utilizado para atacar a la nación.
Illa como recadero de Sánchez
