Sánchez y Bolaños: a por la Justicia

España ha vuelto a ser testigo de un hecho histórico que pasará desapercibido en las televisiones cómplices: jueces y fiscales concentrándose ante la sede del Tribunal Supremo para alzar su voz contra la infame reforma judicial impulsada por Pedro Sánchez a través de su brazo ejecutor, Félix Bolaños. No se manifiestan para pedir más medios o salarios, sino para defender la independencia judicial, la Constitución y las libertades de todos los españoles frente a un Gobierno que ha decidido que, para blindarse, necesita acabar con la justicia.

Porque eso es exactamente lo que pretende esta reforma: no modernizar, sino controlar, amordazar y manipular la justicia para que se cierren las investigaciones sobre la corrupción que asola al sanchismo y al PSOE en su conjunto. Sánchez lo quiere todo. Y la justicia, como último reducto de control frente al poder, no es una excepción.

Los puntos más graves de la reforma: un golpe de Estado institucional

Bajo la propaganda de “desbloqueo” y “eficiencia”, el gobierno pretende:

? Someter la UCO y las investigaciones policiales al fiscal, y no al juez instructor. Es decir, que la Guardia Civil ya no dependa de jueces independientes a la hora de investigar casos de corrupción, sino de la Fiscalía, y como todos sabemos, “de quién depende la Fiscalía”, como diría el propio Sánchez en su famoso lapsus de sinceridad. Con esta maniobra, el gobierno pasaría a controlar desde el minuto uno qué se investiga y qué no.

? Limitar hasta casi extinguir la acusación particular, es decir, dificultar que ciudadanos y asociaciones personadas en causas de corrupción puedan mantener vivas investigaciones que la Fiscalía (dependiente del Gobierno) quiera archivar. Con esta reforma, los afectados y los contribuyentes serán despojados de su derecho a perseguir judicialmente a los corruptos.

? Politización completa del CGPJ, forzando un sistema de elección de vocales que perpetúe la colonización del órgano de gobierno de los jueces, reduciendo a la nada su capacidad de garantizar la independencia judicial.

? Impulso de la conocida como “Ley Koldo”, diseñada para eliminar la validez de las escuchas, grabaciones y audios que hemos ido conociendo y que sitúan a ministros, altos cargos, familiares de Sánchez y cargos del PSOE en el centro de tramas corruptas. Con esta ley, la corrupción socialista podría gozar de total impunidad, invalidando pruebas claves para proteger a la red clientelar del sanchismo.

Blindaje ante las investigaciones de la corrupción socialista

Este plan no surge de la nada ni es una estrategia improvisada. Llega justo cuando la justicia avanza sobre Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Begoña Gómez y el propio Pedro Sánchez, con la UCO y jueces independientes desvelando una red de corrupción que no es solo de un partido, sino de todo un gobierno. La reforma busca bloquear investigaciones abiertas y aquellas que están por venir, blindando al gobierno frente a su corrupción con un escudo institucional a costa de la separación de poderes.

Y si para lograrlo hay que criminalizar a los jueces y fiscales independientes que todavía se atreven a investigar, lo harán. El aparato mediático al servicio del PSOE y del sanchismo ya calienta motores, culpando a la “judicialización de la política” de lo que en realidad es la corrupción política que asola a España.

El objetivo: un poder absoluto sin control

El sanchismo sabe que ya no le queda otra salida que el control total. Un gobierno salpicado por la corrupción, cada vez más aislado y con sus tramas desmoronándose a la vista de todos, no puede permitirse que haya jueces y fiscales que investiguen sin ataduras. Lo que se busca no es “armonizar la justicia”, sino someterla, impedir las investigaciones de la corrupción socialista, frenar las causas pendientes, archivar lo incómodo y perseguir a quien no se pliegue.

Por eso los jueces y fiscales se plantan ante el Supremo. Lo hacen por nosotros, los españoles que queremos que la justicia sea justicia y no una correa de transmisión del poder. Lo hacen para recordarle a este gobierno que la justicia no es de Sánchez, ni de Bolaños, ni del PSOE: es de la nación y de los ciudadanos.

Si el sanchismo logra su reforma, no habrá más casos Koldo, ni escándalos de mascarillas, ni investigaciones sobre Begoña Gómez, ni audios de Víctor de Aldama, Ábalos o Santos Cerdán: no porque no existan, sino porque no podrán investigarse. El golpe al Estado de Derecho será definitivo.

Por eso, ahora más que nunca, hay que apoyar a jueces y fiscales que se levantan frente a este intento de sometimiento. Porque si la justicia cae, lo siguiente seremos nosotros.