José Rivela Rivela
Tiene treinta años. Trabaja desde hace siete. Ha cambiado tres veces de empresa, conoce el precio de la gasolina, paga sus impuestos y sabe perfectamente cuánto cuesta llenar la cesta de la compra. Cada mañana sale de casa antes de las ocho y regresa cuando empieza a oscurecer. Su madre le pregunta si quiere cenar. Su padre está viendo las noticias. Él deja las llaves sobre la mesa y entra en su habitación.
Es la misma habitación en la que estudiaba el bachillerato.
En una estantería conserva algunos libros escolares. Sobre el armario hay una caja con fotografías de cuando era niño. La cama es algo más grande, el ordenador más moderno y las preocupaciones considerablemente mayores. Todo ha cambiado en su vida, excepto el lugar donde duerme.
No es un estudiante. No está desempleado. No ha regresado a casa después de una separación. Sencillamente, no puede marcharse.
España ha conseguido algo que parecía imposible: convertir la independencia económica de sus jóvenes en un privilegio. Durante generaciones, encontrar trabajo significaba comenzar una vida propia. Hoy, para demasiados españoles, significa únicamente poder seguir viviendo en la de sus padres.
Los datos resultan difíciles de conciliar con los discursos oficiales. Según el Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación juvenil ha descendido hasta el 14,5 %, mientras que el alquiler medio de una vivienda equivale al 98,7 % del salario medio de una persona joven. La edad estimada de emancipación supera ya los treinta años. No estamos hablando de una dificultad pasajera, sino de una anomalía social que amenaza con convertirse en costumbre.
Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018. Han transcurrido más de ocho años. Durante ese tiempo se han sucedido anuncios, compromisos, planes, leyes y promesas sobre el acceso a la vivienda. También se han aprobado medidas concretas, pero la realidad que describen las estadísticas continúa siendo desoladora para quienes intentan emanciparse. El Gobierno puede exhibir sus iniciativas legislativas. Los jóvenes, en cambio, necesitan algo bastante menos solemne: una vivienda que puedan pagar.
La cuestión adquiere una dimensión casi teatral cuando algunos miembros del propio Ejecutivo respaldan las movilizaciones ciudadanas contra la crisis habitacional. Los ministros de Sumar han celebrado que la presión de la calle haya obligado a impulsar nuevas medidas. Resulta legítimo que los ciudadanos se manifiesten, pero también cabe preguntar qué responsabilidad corresponde a quienes llevan años sentados en el Consejo de Ministros.
Contra quién se protesta cuando quienes gobiernan se presentan también como portavoces de la protesta? La pregunta no pretende negar las diferencias existentes dentro de una coalición ni las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos.
La vivienda es un problema complejo, con responsabilidades repartidas y causas acumuladas durante décadas. Pero esa complejidad no puede convertirse en una coartada para que nadie responda por los resultados.
La responsabilidad política consiste precisamente en afrontar los problemas que no se han sabido resolver. No basta con identificarlos, denunciarlos o acompañar a quienes los padecen. Gobernar exige algo más que compartir su indignación. Mientras tanto, la vida sigue esperando.
Se aplazan matrimonios, nacimientos, mudanzas y proyectos personales. Hay parejas que no pueden comenzar una convivencia y trabajadores que rechazan oportunidades laborales porque trasladarse a otra ciudad supondría entregar buena parte de su sueldo al propietario de un piso. La precariedad residencial no afecta solamente a las cuentas bancarias. También modifica las biografías.
Y existe una injusticia especialmente silenciosa: la desigualdad entre quienes pueden recibir ayuda familiar y quienes carecen de ella. Para unos, la entrada de una vivienda llega mediante una transferencia de sus padres. Para otros, reunir esa cantidad exigiría años de ahorro prácticamente imposible. La independencia termina dependiendo, paradójicamente, de la dependencia familiar.
Conviene recordar que una vivienda no es únicamente una operación inmobiliaria. Es el espacio donde una persona aprende a organizar su libertad. Allí decide a qué hora regresa, con quién comparte la mesa, qué libros coloca en una estantería y qué futuro desea construir. Son decisiones pequeñas, pero juntas constituyen una vida.
Cuando un país dificulta sistemáticamente ese comienzo, está comprometiendo algo más importante que su mercado inmobiliario.
El Gobierno ha anunciado un Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros, financiados entre el Estado y las comunidades autónomas. Habrá que comprobar cuántas viviendas asequibles se incorporan realmente al mercado, dónde se construyen, cuándo estarán disponibles y qué familias podrán acceder a ellas. Las cifras presupuestarias son compromisos de gasto; no son todavía llaves entregadas.
Después de ocho años de presidencia, Pedro Sánchez debe responder por los resultados de su política de vivienda, como deben hacerlo las demás administraciones en el ámbito de sus competencias. Esa exigencia no desaparece porque se anuncien nuevos planes ni porque algunos miembros del Ejecutivo compartan las reivindicaciones de los manifestantes.
Quizá el problema más grave sea que estamos empezando a considerar normal lo que debería preocuparnos profundamente. Nos hemos acostumbrado a escuchar que alguien de treinta años continúa viviendo con sus padres. Lo contamos como una peculiaridad generacional, incluso como una broma. Hemos encontrado expresiones amables para describir una situación que, en muchos casos, no tiene nada de voluntaria.
Aquel muchacho regresa a casa después de trabajar. Su madre ha dejado la cena preparada. Su padre ha terminado de ver las noticias. Desde el salón llega la voz de un político que anuncia nuevas soluciones para el problema de la vivienda.
Él cierra la puerta de su habitación.
Mañana volverá a levantarse temprano.
Y seguirá esperando el día en que pueda cerrar, por fin, la puerta de su propia casa.
