Álvaro García Ortiz: el fiscal del Sanchismo, camino del banquillo

El Sanchismo ha tocado fondo. Aunque lo cierto es que en este lodazal no hay fondo posible, siempre se puede caer más bajo. Lo que acabamos de conocer es histórico y gravísimo: el Tribunal Supremo envía a juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. No hablamos de un funcionario cualquiera, hablamos del máximo responsable del Ministerio Fiscal. Pero no del fiscal de todos, sino del fiscal personal y político de Pedro Sánchez.

Álvaro García Ortiz no ha sido el fiscal general de España, ha sido el lacayo de cabecera del Sanchismo, el mamporrero judicial del régimen, el fontanero de toga al servicio de Ferraz y del búnker de La Moncloa. Y ahora, por fin, tendrá que responder ante la justicia por una de las más nauseabundas maniobras del aparato socialista: la filtración interesada y delictiva de correos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso para intentar destruirla política y personalmente.

La operación fue burda, mafiosa y torpe. Pero sobre todo fue criminal.

El Estado secuestrado por el Régimen

El caso no deja lugar a dudas. El propio juez del Supremo, Ángel Hurtado, señala que la filtración se hizo desde el entorno del fiscal general, usando un correo personal y no el institucional. El objetivo era claro: atacar a Ayuso en nombre del Gobierno. El móvil: político. La ejecución: digna de cualquier república bananera.

¿Quién dio la orden? ¿Quién dictó el comunicado que se filtró a los medios amigos como la Cadena SER? ¿Quién redactó el texto que pretendía contradecir la versión de la Comunidad de Madrid y lavar la imagen de los socialistas? Todo apunta a la Moncloa. El juez lo dice claramente: el comunicado partió “desde Presidencia del Gobierno”. No se puede tapar más. El sanchismo ha usado a la Fiscalía para una guerra sucia, por encargo.

Esto ya no es una simple sospecha de parcialidad. Esto es una cloaca institucional donde el poder político y judicial se funden bajo el paraguas de un líder autoritario. Lo que hemos vivido con García Ortiz demuestra que el Estado ha sido secuestrado por un régimen que ya ni disimula su podredumbre.

Un fiscal del gobierno, no del Estado

Desde que Pedro Sánchez designó a García Ortiz como fiscal general, muchos advertimos que estábamos ante una figura de partido, no de Estado. Venía de la mano de Dolores Delgado, exministra de Justicia socialista y actual pareja sentimental del ex juez prevaricador Baltasar Garzón. Toda una red al servicio del PSOE.

García Ortiz nunca disimuló su militancia. Persiguió a los jueces que incomodaban al gobierno, premió a los fiscales dóciles, presionó a los medios críticos y utilizó la Fiscalía como un garrote contra la oposición. Y cuando Isabel Díaz Ayuso se convirtió en el principal obstáculo del sanchismo, activó su maquinaria sucia para intentar destruirla.

Pero cometió un error: se creyó impune. Y ahora va camino del banquillo.

¿Y el Partido Popular? ¿Dónde está la oposición?

La pregunta que todos los españoles deberíamos hacernos es: ¿dónde está el Partido Popular?

Porque ante un hecho de esta magnitud, el PP se limita a tuitear indignación y pedir explicaciones en sede parlamentaria. ¿Eso es todo? ¿Eso es plantar cara al sanchismo? ¿Eso es defender el Estado de derecho?

El problema de fondo es que el PP todavía cree que puede convivir con el PSOE, que hay un PSOE bueno, moderado, responsable. No lo hay. No lo ha habido nunca. El PSOE de Sánchez es la consecuencia lógica del PSOE de Zapatero, y este, a su vez, del de Felipe González. La historia criminal del Partido Socialista es larga y documentada. No hay regeneración posible de un partido corrupto desde su origen.

El Partido Popular debería estar exigiendo no solo la dimisión inmediata del fiscal general. Debería estar pidiendo elecciones anticipadas, la inhabilitación del gobierno entero, y la ilegalización del PSOE por haberse convertido en una organización delictiva. Pero no lo hace. Porque no quiere. Porque teme que al caerse Sánchez, se caiga también el sistema bipartidista que les permite alternarse en el poder.

O el Sanchismo o España

Lo de Álvaro García Ortiz es solo la punta del iceberg. Si el fiscal general va al banquillo, ¿cuántos más deberían acompañarle? ¿Cuántos ministros, asesores, periodistas y fiscales deberían sentarse también en el banquillo de los acusados por colaborar con un régimen mafioso?

El PSOE no es compatible con la democracia, con la libertad, ni con el progreso. Y Pedro Sánchez no es un simple gobernante, es un problema existencial para España. El Partido Popular debe elegir: o ayuda a derrocar al Sanchismo por todos los medios legales, o seguirá siendo cómplice por omisión, por tibieza y por cálculo electoral.

España no necesita más comunicados, ni más frases grandilocuentes en Twitter. España necesita una oposición valiente, firme y sin complejos, que denuncie, acuse y desmonte este régimen antes de que termine de pudrirlo todo.

Porque si el fiscal general de Sánchez va al banquillo, el siguiente debería ser él.