El 13 de septiembre de 1974, a las dos y media de la tarde, Madrid descubrió una de las caras más crueles del terrorismo de ETA.
Fue en la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol y muy cerca de la entonces Dirección General de Seguridad. Una cafetería normal. Un establecimiento lleno de personas normales. Trabajadores, estudiantes, matrimonios, empleados, funcionarios. Gente que comía, tomaba un café o simplemente había tenido la desgracia de encontrarse allí.
ETA colocó una bomba reforzada con metralla. El balance final fue de trece muertos y más de setenta heridos. Fue el primer atentado masivo e indiscriminado de la organización terrorista. ETA tardaría nada menos que cuarenta y cuatro años en reconocer oficialmente su responsabilidad.
Trece muertos.
Conviene escribir sus nombres porque precisamente de eso trata este artículo: de devolverles el nombre que el olvido les ha ido quitando.
Manuel Llanos Gancedo, Francisco Gómez Vaquero, Luis Martínez, Antonio Lobo, Concepción Pérez, Francisca Baeza, Antonio Alonso Palacín, María Jesús Arcos Tirado, Baldomero Barral, María Josefina Pérez, María Ángeles Rey, Gerardo García Pérez y Félix Ayuso Pinel.
No eran números.
Eran personas.
Antonio Alonso y María Jesús Arcos se habían casado apenas unos días antes. María Ángeles Rey era una estudiante de veinte años. Manuel Llanos era camarero. Francisco Gómez trabajaba como cocinero. Francisca Baeza era maestra. Antonio Lobo trabajaba en Renfe. Félix Ayuso era inspector de Policía y terminaría falleciendo tiempo después como consecuencia de las heridas sufridas aquel día.
Doce civiles y un policía.
Aquello no fue una operación militar. No fue una batalla. No fue una acción romántica contra una dictadura. Nunca hubo nada parecido al romanticismo en los atentados criminales de aquellos que decían luchar contra la dictadura. Solo crímenes, muertes y extorsión.
Fue una matanza.
Y debería estremecernos comprobar hasta qué punto aquellos muertos han quedado arrinconados en determinados relatos de nuestra historia reciente.
Todos conocemos la matanza de los abogados laboralistas de Atocha de enero de 1977. Y está bien que la conozcamos. Nos hablan de las 13 rosas, incluso hacen películas y documentales sobre ellas, muy alejadas de la realidad. Pero nunca se habla de los 13 muertos de la cafetería Rolando.
Pero precisamente porque todas las víctimas merecen memoria resulta difícil explicar que tantos españoles apenas hayan oído hablar de la cafetería Rolando.
¿Por qué unos muertos forman parte permanente del relato de nuestra democracia y otros parecen haberse quedado atrapados en una especie de tierra de nadie histórica?
Tal vez influya que fueron asesinados en 1974.
Antes de la Constitución.
Antes de las elecciones de 1977.
Antes de que determinados relatos políticos decidieran dónde comenzaba la democracia, quiénes podían ocupar el altar de la memoria y quiénes quedaban en sus márgenes.
Pero una víctima no deja de ser víctima porque Franco estuviera vivo cuando fue asesinada.
Un camarero asesinado por una bomba es exactamente igual de inocente en 1974 que en 1980.
Una estudiante de veinte años asesinada por ETA no tiene menos derecho a nuestra memoria porque todavía no se hubiera aprobado la Constitución.
Y unos recién casados que encuentran la muerte cuando apenas habían comenzado su vida juntos no necesitan ningún certificado ideológico para merecer nuestro recuerdo.
La bomba de Rolando tuvo además otra particularidad que hace especialmente incómoda su memoria.
ETA contó en Madrid con una infraestructura de apoyo vinculada a personas procedentes de la izquierda radical. Eva Forest, antigua militante comunista que había roto con el PCE, fue una figura central de aquella red madrileña. También aparecieron personas como Antonio Durán, que había militado anteriormente en el PCE y en Comisiones Obreras. Eso no permite responsabilizar al Partido Comunista como organización del atentado —una acusación que el propio PCE rechazó y que la investigación histórica no sostiene—, pero tampoco obliga a borrar la colaboración individual de personas procedentes de aquel entorno con la infraestructura de ETA.
La historia debe contarse completa.
Sin propaganda y sin miedo a la verdad, por muy molesta que está fuera.
Sin convertir en culpable a quien no lo fue y sin convertir en inocente a quien colaboró con los terroristas.
Los dos miembros de ETA identificados como autores materiales, Bernard Oyarzábal y María Lourdes Cristóbal, nunca fueron detenidos. Las personas que integraban la infraestructura madrileña fueron detenidas en distinta medida, pero el procedimiento nunca desembocó en un juicio que estableciera responsabilidades penales por aquellas trece muertes. La Ley de Amnistía de 1977 terminó alcanzando a los implicados en el sumario de la calle del Correo, pero nunca a los autores materiales de la matanza de Atocha, que pasaron gran parte de su vida en prisión.
Y aquí llegamos a otro de los grandes asuntos que durante demasiado tiempo hemos preferido no discutir.
La amnistía de 1977.
Durante décadas se nos ha presentado exclusivamente como uno de los grandes símbolos de reconciliación de la Transición. Y efectivamente, nos contaron que fue concebida en un contexto político extraordinariamente complejo, reclamada ampliamente por las fuerzas de oposición al franquismo y aprobada por unas Cortes democráticamente elegidas. Todo fue una inmensa estafa, absolutamente todo.
Y reconocer ese contexto histórico no obliga a cerrar los ojos ante sus consecuencias.
Porque aquella amnistía también alcanzó a personas relacionadas con delitos terroristas.
Y entre las causas afectadas estuvo precisamente la de la calle del Correo.
¿Qué justicia recibieron entonces los familiares de Antonio, María Jesús, Manuel, Francisca o María Ángeles?
Ninguna sentencia pudo decirles quién debía responder penalmente por haber destrozado sus familias.
No hubo juicio por aquellas trece muertes.
No hubo condena.
La Transición eligió mirar hacia adelante. Se puede comprender históricamente aquella decisión y, al mismo tiempo, preguntarse por el precio que pagaron quienes habían enterrado a sus padres, hijos, hermanos o esposos. Yo nunca entenderé la decisión de no hacer justicia y la de soltar a criminales y asesinos, que al poco de ser puestos en libertad, continuarían con su carrera criminal. No entendí que el nuevo régimen rearmarse a ETA, GRAPO y otras organizaciones terroristas vinculadas a la izquierda española.
Porque la reconciliación de una sociedad nunca debería significar el olvido de sus víctimas y el de no hacer justicia.
Y mucho menos cuando el terrorismo no terminó con aquella amnistía.
ETA continuó matando.
España entró después en los años de plomo. Llegaron los asesinatos de policías, guardias civiles, militares, políticos, empresarios, jueces y ciudadanos anónimos. Llegaron los secuestros. Llegaron las bombas. Llegaron Hipercor, Zaragoza, Vic y tantos nombres que terminaron formando parte de nuestra geografía del horror.
También el GRAPO continuó asesinando durante aquellos años.
La democracia española nació mientras el terrorismo intentaba condicionarla a tiros y bombazos.
Por eso resulta todavía más necesario regresar hoy a aquella cafetería madrileña.
Imaginarla unos segundos antes de las dos y media.
Los camareros sirviendo mesas.
Los clientes hablando.
Un matrimonio recién casado.
Una joven estudiante.
Una maestra.
Un trabajador de Renfe.
Un cocinero.
Un inspector de policía.
Gente corriente haciendo cosas corrientes.
Y de repente, la explosión.
Después, polvo, sangre, escombros, gritos.
Y trece vidas que acabarían desapareciendo.
Eso fue ETA. Eso fue la izquierda española que colaboró con el crimen y luego miraron a otro lado.
También eso.
No únicamente los grandes atentados que permanecen en la memoria de todos. No solamente Miguel Ángel Blanco, Hipercor o la casa cuartel de Zaragoza.
ETA también fue la cafetería Rolando.
Y quizá exista una deuda especialmente dolorosa con aquellos muertos porque fueron de los primeros y porque durante demasiado tiempo permanecieron entre los últimos de nuestra memoria.
Hasta la propia organización terrorista negó durante décadas su responsabilidad y no la reconoció formalmente hasta 2018.
Cuarenta y cuatro años para reconocer una matanza.
Demasiado tiempo para la verdad.
Y más de medio siglo después de aquel viernes 13 de septiembre, nuestra obligación debería ser mucho más sencilla.
Recordarlos.
Sin siglas.
Sin cálculos políticos.
Sin decidir previamente si aquellas víctimas encajan o no en el relato ideológico de cada uno.
Recordar a Manuel.
A Francisco.
A Luis.
A Antonio.
A Concepción.
A Francisca.
A Antonio Alonso y María Jesús.
A Baldomero y María Josefina.
A María Ángeles.
A Gerardo.
A Félix.
Trece españoles que no sabían que aquella comida, aquel café o aquella jornada de trabajo serían los últimos.
No existen víctimas de primera y víctimas de segunda.
O al menos no deberían existir.
Porque una democracia que selecciona a sus muertos según quién los asesinó, cuándo fueron asesinados o qué utilidad política tiene recordarlos termina traicionando el significado mismo de la memoria.
A las víctimas de la calle del Correo no podemos devolverles la vida.
Tampoco podemos devolver a sus familias los años sin sus seres queridos.
Pero sí podemos devolverles algo que durante demasiado tiempo les hemos escatimado.
Su lugar en nuestra historia.
Que cada 13 de septiembre alguien vuelva a pronunciar sus nombres.
Que las nuevas generaciones sepan qué ocurrió en aquella cafetería de Madrid.
Que sepan quién puso aquella bomba y quiénes colaboraron y miraron a otro lado.
Que sepan que hubo trece muertos.
Que sepan que nadie fue condenado por aquellas trece muertes.
Y que comprendan que ninguna causa política, ninguna dictadura, ninguna revolución, ninguna bandera y ninguna ideología convierten en legítimo colocar una bomba entre personas que están comiendo.
Hay una forma de matar dos veces a una víctima.
La primera es quitándole la vida.
La segunda es condenándola al olvido.
A los trece de la cafetería Rolando ya les arrebataron la primera.
No permitamos que también les arrebaten la memoria.
