Resulta fácil entender por qué Pedro Sánchez respira hoy mucho más aliviado tras convocar
elecciones. No contento con haber consumado un nuevo atropello legislativo al aprobar por

Por Luisfer Castañeda
Resulta fácil entender por qué Pedro Sánchez respira hoy mucho más aliviado tras convocar
elecciones. No contento con haber consumado un nuevo atropello legislativo al aprobar por
decretazo sus intervencionistas medidas de vivienda asegurándose el control de la Mesa del
Congreso —en ese permanente fraude de ley al que tiene sometida a la democracia
española—, el inquilino de la Moncloa ha alcanzado la cúspide del absurdo: alentar y jalear
una huelga general contra la oposición.
Hay que tener un descaro descomunal para pretender movilizar la calle contra quienes no
gobiernan, cuando lleva ocho años ininterrumpidos en el poder devorando el bienestar de
todo trabajador –por cuenta ajena o propia– español. Si en España hay motivos de sobra para
paralizar el país, es precisamente contra él y sus políticas: contra una crisis de vivienda
histórica generada por su intervencionismo, contra el precio prohibitivo de la cesta de la
compra, contra las subidas asfixiantes del gas y la gasolina, y contra una inflación galopante
en los suministros básicos que castiga a los españoles mientras su gobierno bate récords de
recaudación fiscal.
Sin embargo, si Sánchez sonríe hoy no es por el éxito de sus delirios propagandísticos, sino
porque contempla en el horizonte una tormenta diseñada a su medida. En primera línea ha
situado a sus peones más serviles: unos sindicatos de clase regados con millones de euros
en subvenciones públicas que llevan ocho años dormitando con el estómago agradecido.
Durante casi una década de sanchismo, mientras los autónomos se asfixiaban, las familias
perdían poder adquisitivo y la precariedad se cronificaba, UGT y CCOO no encontraron ni un
solo motivo para alzar la voz; las mariscadas pagadas por el contribuyente bien valían un
silencio cómplice. Pero ha bastado con que se convoquen elecciones y el régimen sienta en el
cogote la posibilidad real de que gobierne la derecha para que estos liberados de moqueta
despierten de golpe, desempolven las pancartas y pretendan incendiar las calles en una huelga
preventiva. No defienden al trabajador; defienden su pesebre.
A este coro domesticado se suma la esperpéntica amalgama de partidos a la izquierda del
PSOE. Una sopa de letras donde cada grupúsculo es de su padre y de su madre, consumidos
por odios viscerales, egos inflados y purgas constantes, pero milagrosamente cohesionados
por el pegamento más eficaz: el pánico cerval a perder el sillón. Ante el abismo de las urnas y
conocedores de las matemáticas parlamentarias, están dispuestos a tragarse cualquier orgullo
y apiñarse bajo la marca del Frente Amplio con tal de no quedarse en la intemperie laboral.
Es el pavor de quien jamás ha cotizado fuera del erario público. Se entiende así la histeria
colectiva de los últimos días, perfectamente retratada en cierta diputada fuera de sí, chillando
desencajada en mitad del hemiciclo después de la votación de los decretos de vivienda a todo
aquel que se sentara a su derecha; o en cierto rufián visiblemente angustiado al recordar que
aquellos «18 meses» que venía a pasar a Madrid van ya por más de una década cobrando del
Estado, sin la más remota idea de qué va a hacer con su vida laboral si las urnas le arrebatan
el escaño.
En la otra orilla, en cambio, contemplamos el espectáculo inverso: la proliferación
descarada de submarinos electorales diseñados con el único y exclusivo propósito de
dinamitar el voto a la alternativa patriótica. El guión no es nuevo, pero la desvergüenza con la
que se ejecuta empieza a resultar obscena. El fenómeno de Alvise Pérez ya demostró su
verdadera naturaleza de globo sonda condenado al desinfle: tras alcanzar los 300.000 votos
en Andalucía durante las elecciones europeas, se desplomó estrepitosamente hasta apenas
100.000 en mayo de este año, inaugurando una sangría electoral que previsiblemente
continuará en esta nueva cita con las urnas. Pero como ese artefacto pierde fuelle, el sistema
ya se encarga de botar nuevos submarinos —plataformas de laboratorio, partidos de nuevo
cuño e inventos teledirigidos— financiados a saber por quién y con qué opacos intereses,
pero con un objetivo inequívoco: arañar un dos o un tres por ciento de papeletas a VOX para
condenarlas a la irrelevancia. El único beneficiario de esta fragmentación artificial, el único
que descorcha champán cada vez que se inscribe una nueva sigla en el registro de partidos,
tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez.
A esta trampa mediática se suma la eterna complicidad de un Partido Popular incapaz de
comprender el momento histórico. Como ya estamos viendo por parte de los mismos
dirigentes que arruinaron la última campaña, en Génova vuelven a repetir calcadas las
maniobras que les llevaron al declive. Tienen que asumir, de una vez, que las mayorías
absolutas se han acabado. No puede ser que una presidenta autonómica como Ayuso salga
un día respaldando el voto presencial y, al día siguiente, tengamos a un portavoz haciendo
una semperada, recogiendo cable mientras nos prepara otra campaña de ocurrencias. Si en
2023 fue el bochorno del "verano azul" con sombrillas en la playa, ahora yo apostaría por un
"otoño azul" con paraguas en El Retiro. Con esta soberbia ciega, el PP vuelve a desempolvar
el gastado mantra del "voto útil", exigiéndole a los españoles que concentren todo el apoyo en
sus siglas para evitar disgustos. No es solo una estafa política; es una absoluta mentira
matemática amparada por la ignorancia deliberada de cómo funciona la Ley D'Hondt en
nuestro sistema provincial.
El caso de circunscripciones intermedias como Granada es paradigmático. En plazas como la
provincia granadina, donde se reparten siete escaños, el Partido Popular tiene asegurados sus
tres diputados base y resulta prácticamente imposible que unos miles de votos adicionales le
alcancen para rascar un cuarto escaño extra. Sin embargo, arrebatarle esos votos a VOX
bajo el chantaje del falso voto útil tiene un efecto demoledor: hunde el porcentaje de la
formación de Abascal, que tiene la oportunidad de quedarse con un segundo escaño,
dejándolo por debajo del umbral de reparto. ¿Y cuál es el resultado directo de esa jugada?
Que el último escaño en juego, que se disputa exclusivamente entre VOX y la izquierda,
no va a parar al Partido Popular, sino que cae directamente en el regazo del PSOE o de sus
socios comunistas. No es teoría, es historia reciente: ya pasó en las elecciones andaluzas de
2022, donde VOX se quedó a unos escasos votos de arrebatarle el último escaño al PSOE en
Jaén; y volvió a pasar en las generales de 2023 en provincias como Albacete, donde la
formación se quedó a apenas 1.200 votos de un escaño que terminó llevándose el socialismo
por culpa de ese voto inútil al PP. Cada voto que el PP le roba a VOX apelando a la utilidad
es, en términos reales, un diputado regalado a Sánchez.
Es urgente que el votante despierte y entienda las reglas del juego antes de que sea
demasiado tarde. El verdadero voto útil no consiste en engordar una mayoría tibia de un
Partido Popular que, de tener mayoría absoluta, asumiría el marco ideológico de la izquierda
tal y como hizo Rajoy, dedicándose exclusivamente a gestionarlo. El verdadero voto útil
consiste en asegurar el escaño allí donde se libra la batalla decisiva. Quien verdaderamente
disputa los restos electorales frente al socialismo en media España es VOX. Entender esa
aritmética y rechazar de plano los cantos de sirena de los submarinos financiados es la única
vía para impedir que Sánchez vuelva a salirse con la suya. En estas elecciones no hay margen
para la ingenuidad: o se vota pensando en echar a Sánchez, o tendremos Sánchez hasta 2030.