Más de 20 municipios afectados, 88.000 personas evacuadas, 80 viviendas dañadas, cientos de civiles ayudando a combatir las llamas... y 0 reuniones del Gobierno. El humo denso que durante este mes de julio de 2026 está asfixiando el suroeste de la Comunidad de Madrid, extendiendo una lona de ceniza y olor a madera quemada hasta el corazón de la capital, no es un accidente meteorológico ni una fatalidad inevitable del verano. Cuando un perímetro de setenta kilómetros y nueve mil hectáreas de masa forestal quedan reducidas a escombros en comarcas de la Sierra Oeste, afectando de lleno a municipios como Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado, Rozas de Puerto Real y Aldea del Fresno, además de las zonas limítrofes con Toledo y Ávila, la indignación da el paso a la exigencia de explicaciones políticas. La constatación de una gestión pública calamitosa cuya responsabilidad principal recae, por competencia directa y por inacción, sobre el Gobierno central. Un desgobierno inútil mientras el territorio arde y las familias lo pierden todo.
Los datos históricos hablan y desmontan cualquier intento de coartada sanchista. Este devastador episodio nos lleva inevitablemente el precedente de 2019, nacido también en el entorno toledano de Almorox antes de devorar miles de hectáreas madrileñas. Las condiciones termodinámicas descritas por la regla de los treinta, temperaturas que han superado holgadamente los cuarenta y dos grados en jornadas de avisos rojos extremos, humedades relativas por los suelos y vientos huracanados que dificultaban cualquier maniobra de contención, actúan como un acelerador. Sin embargo, el calor extremo y el estrés hídrico de la vegetación seca no generan por sí solos la chispa inicial. La ignición responde con frecuencia a factores humanos, ya sea por negligencias asociadas al tráfico en vías como la M-501, fallos mecánicos o acciones negligentes. Lo imperdonable no es que la naturaleza se imponga, sino que el Estado llegue sistemáticamente tarde, mal y desprovisto de los medios preventivos y de extinción adecuados para protegernos.
Es una infantilidad intelectual progresista, justificar todo con el mantra del cambio climático para eludir sus responsabilidades. Pretenden que el fantasma de la crisis climática les funcione como un salvoconducto: si la culpa es exclusiva del calentamiento global, la culpa formalmente no es de nadie en particular y el poder político queda absuelto de su incompetencia. Es una narrativa cínica que convierte a las administraciones en meras espectadoras compungidas de una catástrofe anunciada. La realidad material del territorio desmiente este mantra. Durante muchos años, el abandono institucional del medio rural, la asfixia de la ganadería extensiva, la prohibición de los aprovechamientos tradicionales y un dogmatismo ecologista han convertido nuestros montes en un polvorín de hojas secas incontrolado. Cuando la situación degenera hasta requerir la declaración de Emergencia de Interés Nacional, el Nivel 3 que obligó al desalojo preventivo y confinamiento de más de sesenta mil personas en localidades como Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela y Zarzalejo, la maquinaria del Estado demuestra una pesadez burocrática insoportable que clama al cielo.
A ello se suma la escandalosa falta de inversiones en infraestructuras hídricas y de limpieza preventiva durante los meses de invierno, un periodo en el cual los ministerios competentes parecen sumidos en un letargo administrativo imperdonable. Mientras se despilfarran recursos públicos en ocurrencias ideológicas y subvenciones a estructuras clientelares, los montes españoles claman por una intervención estructural que nunca llega.
Frente a ese desgobierno y su especulación discursiva o las sandeces de Oscar Puente, inoportuno desde que se levanta, hasta que se acuesta o lo acuestan, emerge con mucha dignidad el esfuerzo titánico de quienes se están jugando la vida en la primera línea del fuego. Quiero expresar mi profundo agradecimiento y mi orgullo hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los bomberos de las comunidades autónomas, las brigadas de refuerzo, los efectivos de la UME y todos los profesionales y voluntarios que se están dejando la piel durante jornadas interminables de extenuación. Estos servidores públicos están, demostrando una competencia profesional y un valor humano extraordinarios, conteniendo frentes inabordables a pesar de la carencia de medios materiales suficientes y del abandono presupuestario de Marlaska que arrastran los operativos de extinción. Mientras los máximos responsables políticos se limitan a emitir comunicados institucionales desde Madrid, los guardias civiles, los agentes forestales y los equipos de emergencias combaten cuerpo a cuerpo contra las llamas, protegiendo hogares, evacuando a ciudadanos aterrados y arriesgando su integridad física sin más respaldo que su propio sentido del deber. La sociedad española no puede tolerar que la seguridad de su patrimonio natural y de sus vidas repose de forma exclusiva en el heroísmo desesperado de unos trabajadores crónicamente desbordados por la incompetencia de los gobernantes.
Llegados a este punto de ceniza y desolación, es necesario formular una cuestión de trascendencia jurídica y sobre todo política que interpela directamente a la parte legal: ¿hasta cuándo mantendrá el PSOE una Ley de Montes anclada en dogmatismos que, bajo la coartada de una pretendida protección ambiental, condenan el monte al abandono y penalizan cualquier modelo de gestión activa y rentable? Impiden limpiar, clarear y ordenar el territorio con criterios profesionales. Un bosque sin gestión humana, convertido en una reserva intocable por decreto ministerial y ahogado en su propia biomasa muerta, no es un santuario ecológico; es una bomba de relojería ambiental a la espera del próximo pirómano o enviado por interés de alguna empresa fotovoltaica en expansión. El gobierno tiene la obligación moral de revisar un marco normativo que asfixia a los municipios rurales y desprecia la ciencia forestal en beneficio del discurso buenista y de los intereses de la agenda 2030.
Un país serio no puede permitirse gestionar las emergencias nacionales con improvisación ni fiar su supervivencia a la fuerza milagrosa de sus bomberos cuando el desastre ya es irremediable. La prevención eficaz exige presupuestos estables, una coordinación leal y rigurosa entre administraciones y, sobre todo, la asunción de culpas por parte de un Gobierno central que no puede seguir gobernando de espaldas al campo y sin presupuestos generales. Si el Ejecutivo persiste en su estrategia de eludir responsabilidades y regatear recursos, las hectáreas que están siendo calcinadas no constituirán un paréntesis. La exigencia de dimisiones y cambios en la política forestal no es una cuestión ideológica, es un imperativo de supervivencia. Frente a la soberbia del PSOE y la devastación de la ceniza, la única respuesta admisible es la verdad de los datos, el respeto a quienes defienden el Estado con su esfuerzo y la valentía intelectual de reformar lo que claramente no funciona. La soberanía de una nación se mide también por su capacidad para proteger su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a las adversidades. Cuando el Estado falla estrepitosamente en esta misión fundamental, el debate deja de ser partidista para convertirse en una cuestión de regeneración democrática urgente.
