El fraude por suplantación de identidad a través de SMS es una de las prácticas más extendidas
en la mensajería móvil. Mensajes que aparentan proceder de bancos, operadores logísticos o
marcas reconocidas y que solicitan acciones urgentes forman parte de una escena cada vez más
habitual.
Para limitar estas prácticas, España aprobó en 2025 un marco regulatorio que impulsa la
creación de un Registro nacional de remitentes de SMS, bajo supervisión de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado 27 de marzo el regulador
publicó la circular que concreta cómo se aplicarán las obligaciones que entrarán en vigor el 7 de
junio de 2026. A partir de esa fecha, las empresas y organizaciones que utilicen remitentes
alfanuméricos (alias) en sus SMS y RCS enviados a España deberán cumplir nuevos requisitos
para evitar el bloqueo.
Con la entrada en vigor de estas obligaciones, no bastará con configurar un nombre de texto
como remitente. Este deberá estar inscrito en el registro oficial; el proveedor de mensajería
deberá estar habilitado para ese remitente, y la empresa tendrá que acreditar la titularidad de la
marca o denominación utilizada. De no cumplirse estas condiciones, los mensajes deberán
bloquearse y no llegar al destinatario. Este nuevo marco introduce un control estructural sobre la
identidad en el SMS y el RCS, dificultando la suplantación y reforzando la confianza en las
comunicaciones empresariales.
Impacto operativo en las empresas
Desde LINK Mobility advierten que el cambio no es únicamente normativo, sino también
operativo y estratégico. "Muchas organizaciones utilizan el SMS como canal para notificaciones
