La Fundación Civismo publica un documento que denuncia la inviabilidad financiera y jurídica de un cupo catalán
La implementación de un sistema de financiación autonómica propuesto por los partidos independentistas, término que está siendo conocido como la “singularidad catalana”, tendría graves implicaciones en la equidad y el equilibrio financiero del conjunto del Estado. De acuerdo con los análisis recientes, la adopción de este modelo supondría renunciar al principio de igualdad, creando una España a dos velocidades y afectando negativamente a los servicios públicos básicos, como sanidad y educación, en el resto del país.
La principal consecuencia de este sistema sería el descenso significativo en los ingresos del Estado. El sistema propuesto implicaría una reducción de la recaudación pública equivalente a 13.161 millones de euros, cifra que supera el gasto total en Defensa y representa más del 15% del gasto público total en Sanidad, o el 23% del gasto público total en Educación para el año 2023. Además, el déficit de recaudación por la aplicación de este sistema de singularidad catalana alcanzaría los 14.389 millones de euros, equivalente a 45 veces la inversión realizada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y aproximadamente lo mismo que reciben del Fondo de Garantía las comunidades de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura juntas.
De manera adicional, la implantación de este modelo afectaría a la redistribución de los Fondos de Compensación Interterritorial, provocando que comunidades actualmente beneficiarias por estar justo por debajo de la barrera del PIB, como Castilla y León y Cantabria, pasen a tener que aportar al Fondo, alterando el equilibrio financiero regional. La caída en la recaudación del Estado ascendería a 384 euros por ciudadano en el sistema de régimen común, un impacto notablemente significativo que afectaría a las comunidades autónomas que no forman parte del sistema de “singularidad catalana”.
El sistema propuesto por los partidos independentistas catalanes carece, además, de sustento constitucional y legal, ya que no está contemplado ni en la Constitución ni en el ya reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). De igual manera, incumpliría varios de los principios fundamentales de la Constitución, como el principio de igualdad (art. 14), el principio de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales (art. 158) y el principio de solidaridad (también en el art. 158).
Estas cifras y consideraciones resaltan la importancia de mantener un sistema de financiación autonómica que promueva la equidad, la solidaridad y el equilibrio financiero en todo el territorio español, evitando así una fragmentación que pudiera afectar a la cohesión social y a la calidad de los servicios públicos para todos los ciudadanos españoles.
