Miles de usuarios de la línea de Cercanías entre Castelló y València llevan años sufriendo lo mismo: retrasos habituales, cancelaciones frecuentes, convoyes saturados y una incertidumbre constante que condiciona su vida diaria. La llegada del calor ha agravado aún más la situación, con trenes que circulan completamente llenos y pasajeros que viajan de pie, en los pasillos y en las plataformas de acceso. El malestar es generalizado y la paciencia se ha agotado.
Estudiantes, trabajadores y personas con citas médicas denuncian que el servicio es una lotería. Retrasos de 20 minutos, trenes exprés que llegan tarde con regularidad y jornadas que se alargan sin control. El Cercanías de las 7.20 horas desde Castelló sale lleno y sigue llenándose a medida que avanza hacia València. A partir de Sagunt es habitual viajar de pie, una situación que se vuelve especialmente insoportable en los meses de verano. Los usuarios reclaman lo básico: puntualidad, frecuencias dignas y un mantenimiento adecuado de las vías.
El problema tiene nombre y tiene causa. Las obras del corredor Mediterráneo, que según el propio Gobierno central debían haberse completado en 2015, siguen sin terminar en 2026. Una década larga de promesas incumplidas que ha convertido la convivencia de Cercanías, Euromed y trenes de mercancías sobre las mismas vías en un colapso cotidiano. Los tiempos de viaje en Civis han pasado de una hora hace 20 años a una media de una hora y veinte minutos. El deterioro es progresivo y documentado, y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente no ofrece plazos creíbles ni soluciones concretas.
El Gobierno de Sánchez es el responsable directo de Renfe y Adif, las dos entidades que gestionan la infraestructura y el servicio ferroviario en España. Ni una ni otra han dado respuesta a la saturación creciente de esta línea, que cada año suma más viajeros sin que la capacidad mejore. Mientras el Ejecutivo anuncia grandes proyectos ferroviarios con fanfarria mediática, miles de castellonenses pagan un abono mensual para llegar tarde, de pie y sudando a sus puestos de trabajo o a sus aulas.
Los usuarios son claros en su demanda: más frecuencias, menos obras eternas y un servicio que funcione. Lo que piden no es un lujo. Es lo mínimo que merece una ciudadanía que lleva años financiando con sus impuestos un tren que el Gobierno central no es capaz de poner en hora.