Orange está en el centro de la polémica tras recibir una sanción millonaria por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La compañía de telecomunicaciones tendrá que abonar 1,2 millones de euros por un fallo relacionado con el tratamiento de datos personales. Esta cifra forma parte de un total de 6,8 millones de euros en multas impuestas también a otras grandes empresas como ING y Generali.
El motivo de la sanción al operador está relacionado con la vulneración de dos artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Por un lado, se ha incumplido el artículo 6. Establece que los datos personales deben tratarse de manera legal, justa y transparente.
Por otro lado, también se ha infringido el artículo 25. Obliga a las empresas a aplicar medidas que aseguren que solo se recopilen y procesen los datos estrictamente necesarios.
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Orange queda retratado
Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuando la Agencia Española de Protección de Datos impone una sanción superior al millón de euros a una empresa, debe hacerlo público. Para ello debe indicar el nombre de la entidad, la infracción cometida y el importe económico de la sanción. En este caso, la multa a Orange supera ese umbral y, por tanto, ha salido a la luz.
Desde la compañía, sin embargo, niegan haber cometido una infracción intencionada y han dejado claro que no están de acuerdo con la resolución. Según han declarado a la agencia EFE, Orange se considera víctima de un fraude. Lo atribuye a una actividad delictiva que detectaron a través de sus sistemas de seguridad y que denunciaron inmediatamente.
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Portavoces de Orange explican que se trató de un caso externo en el que la empresa también salió perjudicada. Por ese motivo, han anunciado que presentarán un recurso ante la Audiencia Nacional para intentar anular o reducir la sanción.
Orange no convence con sus explicaciones
Este caso ha puesto sobre la mesa una vez más la importancia de la protección de los datos personales y el impacto que puede tener cualquier fallo en este ámbito. Tanto para los usuarios como para las empresas. En el entorno actual, donde la digitalización crece a pasos agigantados, las compañías están cada vez más expuestas a estos riesgos.
Además, con sanciones de esta magnitud, se envía un mensaje claro al sector. No basta con reaccionar ante una brecha de seguridad. También es fundamental prevenir y asegurar que todos los procesos de tratamiento de datos cumplen estrictamente con la normativa europea.
