El Juzgado Mercantil n.º 2 de La Coruña ha condenado a Roja Directa a pagar 31,6 millones. La empresa, Puerto 80 Projects SL, debe indemnizar a Mediapro por los daños y perjuicios causados. Esta sanción es la más alta en España por piratear contenido de fútbol.
La condena corresponde a la temporada 2014/2015, cuando Roja Directa distribuyó ilegalmente partidos de LaLiga. La web permitía ver partidos de fútbol sin coste para los usuarios. Sin embargo, la empresa obtenía grandes beneficios publicitarios.
El Tribunal Supremo, en 2022, ya había señalado a Puerto 80 Projects y su administrador, Igor Seoane, como responsables. Ahora, el Juzgado de A Coruña ha fijado la indemnización. El cálculo se basó en lo que Puerto 80 habría tenido que pagar a Mediapro por acceder a los derechos.
La empresa generó millones de euros a través de anuncios y comisiones por redirigir tráfico a sitios de apuestas. Informes judiciales indican que los ingresos en una cuenta fueron superiores a 11 millones. Estos beneficios se derivaron del acceso no autorizado a contenidos deportivos.
El proceso penal contra Igor Seoane también avanza
De los 31,6 millones de euros, 15,8 millones corresponden al administrador, Igor Seoane. Él es responsable solidario de la indemnización junto a su empresa. La sanción refleja el impacto económico de las actividades ilegales de la plataforma.
Roja Directa seguía operando fuera de España, pese a la condena. La web continuaba distribuyendo contenidos piratas, vulnerando derechos de propiedad intelectual. Esto demuestra que la piratería sigue siendo un problema global en el sector audiovisual.
El proceso penal contra Igor Seoane también avanza. Mediapro y LaLiga exigen seis años de prisión, mientras que el fiscal solicita cuatro. La fiscalía considera que la empresa obtuvo ganancias ilícitas, afectando gravemente la propiedad intelectual.
El Tribunal Supremo, en 2022, ya había señalado a Puerto 80 Projects y su administrador
Este fallo marca un hito en la lucha contra la piratería digital en el ámbito deportivo. La sanción pone de relieve la importancia de proteger los derechos de los propietarios de contenido. Además, envía un mensaje claro a otros actores del mercado ilegal.
La resolución también subraya la responsabilidad de los administradores de plataformas que facilitan actividades ilegales. En este caso, la multa y el proceso penal refuerzan la necesidad de enfrentar estas infracciones con seriedad.
