La opinión de Javier García Isac
Hay preguntas que un Gobierno democrático debería poder responder inmediatamente. Y hay silencios que, con el paso del tiempo, terminan siendo mucho más inquietantes que cualquier respuesta.
La pregunta que hoy sobrevuela la política española es sencilla, incómoda y demoledora:
¿Qué sabe Marruecos?
¿Qué sabe Marruecos de Pedro Sánchez? ¿Qué sabe de Fernando Grande-Marlaska? ¿Qué sabe de Margarita Robles? ¿ Qué sabe de Luis Planas? ¿Qué información pudo obtenerse de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de varios de sus ministros? ¿Y tiene todo aquello alguna relación con la incomprensible política de pleitesía que España mantiene desde hace años hacia nuestro vecino del sur?
No afirmo que exista un chantaje. No puedo hacerlo porque no existen pruebas públicas que permitan sostener semejante acusación como un hecho. Pero precisamente por eso reclamo explicaciones.
Porque las preguntas siguen ahí.
Y cada día son más difíciles de esquivar.
Conviene recordar lo que sí sabemos.
El teléfono móvil de Pedro Sánchez fue infectado mediante Pegasus. También lo fue el de Margarita Robles. El propio Gobierno reconoció públicamente aquellas intrusiones y habló de ataques externos e ilícitos. Y se sospecha que tanto el de Marlaska como el de Luis Planas también pudieron ser infectados.
No estamos hablando del teléfono de un funcionario cualquiera.
Estamos hablando del dispositivo utilizado por el presidente del Gobierno de España.
Estamos hablando potencialmente de conversaciones, mensajes, documentos y datos relacionados con uno de los hombres que maneja mayor cantidad de información sensible del Estado.
Y desde entonces permanece flotando una pregunta esencial: ¿quién estuvo detrás?
Marruecos ha sido señalado repetidamente en informaciones y sospechas alrededor del caso, pero no existe una prueba judicial pública y concluyente que permita afirmar que Rabat ordenó el espionaje. Precisamente por eso resulta tan necesario conocer toda la verdad.
Porque después ocurrió algo políticamente extraordinario.
España modificó en 2022 su histórica posición sobre el Sáhara Occidental para respaldar la propuesta marroquí de autonomía como la opción que el Gobierno consideraba más seria, realista y creíble. También fue destituida la entonces ministra de exteriores González Laya, y sustituida por una persona dócil y cercana a Marruecos y sus intereses. Diera la sensación que la agenda política exterior de este gobierno la dirige Marruecos.
Y desde entonces hemos contemplado una relación con Rabat que demasiadas veces parece construida sobre una asimetría insoportable.
Marruecos exige.
España explica.
Marruecos presiona.
España contemporiza.
Marruecos mueve ficha.
España procura no molestar.
Y uno termina preguntándose dónde acaba la diplomacia y dónde empieza la sumisión.
Hay además una circunstancia que siempre me ha llamado poderosamente la atención.
Fernando Grande-Marlaska continúa siendo ministro del Interior desde 2018.
Margarita Robles continúa siendo ministra de Defensa desde 2018.
Luis Planas continúa formando parte del Gobierno desde 2018.
Han pasado crisis, remodelaciones, elecciones, escándalos, enfrentamientos internos y cambios de ministros.
Ellos permanecen.
Naturalmente, permanecer ocho años en un Gobierno no demuestra absolutamente nada. Pero cuando hablamos de departamentos fundamentales en las relaciones con Marruecos —Interior, Defensa y un ministro con una larga trayectoria diplomática relacionada con el Magreb— resulta legítimo preguntarse por qué determinados equilibrios parecen inamovibles.
Y sobre todo resulta legítimo preguntar qué política está siguiendo realmente España respecto a Marruecos.
Porque después de ocho años seguimos sin saber cuál es la línea roja.
O peor todavía: empezamos a sospechar que no existe.
La crisis de Ceuta de finales de julio ha convertido todas estas preguntas en algo todavía más urgente.
Pedro Sánchez sostuvo públicamente el pasado 31 de agosto que no existía información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni del CNI que señalara la participación de las autoridades marroquíes en la entrada masiva.
Sin embargo, las informaciones conocidas posteriormente han complicado considerablemente ese relato.
Un informe remitido a la Audiencia Nacional describió una actuación permisiva de gendarmes marroquíes durante los acontecimientos, mientras la investigación judicial continúa intentando determinar exactamente qué ocurrió. La propia Audiencia Nacional ha respaldado a la magistrada María Tardón frente a las críticas de Marlaska por su actuación en esta causa.
Además, se ha conocido que existieron comunicaciones previas y que la Policía había recibido alertas los días 28 y 29 de julio sobre una elevada probabilidad de entradas a nado. Interior y Defensa han mantenido versiones diferentes sobre el alcance de aquellos avisos.
Y aquí aparece nuevamente la pregunta:
¿Por qué tanta resistencia a mirar hacia Marruecos?
Sánchez insiste en que no existen evidencias sólidas que permitan responsabilizar a Rabat y asegura que, si aparecieran pruebas concluyentes, España actuaría.
Perfecto.
Entonces investiguemos hasta el final.
Sin miedo.
Sin complejos.
Sin diplomacia preventiva.
Y sin convertir la amistad con Marruecos en un dogma de fe.
Porque Marruecos no es una ONG. Tampoco es una provincia española ni un socio desinteresado. Es un Estado soberano que defiende sus intereses nacionales con extraordinaria determinación.
El problema es que uno empieza a echar de menos que España haga exactamente lo mismo.
Llegados a este punto solamente encuentro dos grandes explicaciones políticas posibles a semejante comportamiento.
La primera sería la más grave: que Marruecos dispusiera de información comprometedora obtenida mediante espionaje y que esa información condicionara de alguna manera determinadas decisiones españolas.
Insisto: no existe prueba pública que permita afirmar que esto sucede.
Pero después de Pegasus, preguntar por ello no constituye ninguna extravagancia conspirativa. Constituye una obligación democrática.
¿Quién entró en el teléfono de Sánchez?
¿Qué información extrajo?
¿Dónde terminó?
¿Quién dispone actualmente de ella?
¿Por qué los españoles seguimos sin conocer toda la verdad?
Un Gobierno seguro de sí mismo debería ser el primero interesado en despejar semejante sospecha.
Pero existe una segunda posibilidad que casi me parece políticamente más preocupante.
Que no exista chantaje alguno.
Que nadie les obligue.
Que simplemente ésta sea voluntariamente la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez.
Porque entonces significaría que la permanente consideración hacia Marruecos, los silencios, las cesiones, la obsesión por no incomodar a Rabat y la resistencia a señalar responsabilidades cuando aparecen indicios preocupantes no responderían a ninguna presión secreta.
Responderían a una decisión política consciente.
Y no sé cuál de las dos hipótesis resulta más inquietante.
No tengo nada contra Marruecos por defender los intereses de Marruecos.
Eso es exactamente lo que debe hacer un Gobierno marroquí.
Mi problema empieza cuando tengo la sensación de que el Gobierno español también está más preocupado por los intereses marroquíes que por los españoles.
Marruecos tiene reivindicaciones territoriales que afectan directamente a España. Ceuta y Melilla son españolas y deben seguir siéndolo sin matices, complejos ni negociaciones vergonzantes. Las fronteras españolas deben ser defendidas. La inmigración ilegal debe ser combatida. Y cualquier potencia extranjera que utilice los flujos migratorios como instrumento de presión debe saber que tendrá consecuencias.
Eso debería resultar elemental.
Pero con este Gobierno hasta lo elemental termina convirtiéndose en polémico.
La política exterior no consiste en conseguir que Mohamed VI esté contento.
Consiste en defender España.
Y cooperar con Marruecos es necesario. Es nuestro vecino, existe una importantísima relación económica y comercial y compartimos desafíos relacionados con terrorismo, inmigración, narcotráfico y seguridad.
Pero cooperación no significa subordinación. Es más, Marruecos se comporta como un enemigo y no como un socio fiable.
Buena vecindad no significa obediencia.
Diplomacia no significa arrodillarse.
La última crisis ha dejado además un espectáculo difícilmente justificable.
Margarita Robles sostuvo que existieron advertencias.
Marlaska relativizó o negó que hubiese avisos suficientemente claros.
Posteriormente han aparecido informes y comunicaciones que obligan a preguntarse quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué decisiones adoptó.
Las discrepancias entre ambos ministros sobre Ceuta han sido públicas.
Estamos hablando del ministro del Interior y de la ministra de Defensa.
No de dos tertulianos discutiendo alrededor de una mesa.
Si existieron alertas y el Gobierno no actuó adecuadamente, es gravísimo.
Si no existieron, debemos preguntarnos para qué sirven determinados mecanismos de inteligencia y prevención.
Y si existieron pero algunos miembros del Gobierno no fueron informados, entonces tenemos un problema institucional todavía mayor.
En cualquiera de los escenarios alguien debería asumir responsabilidades.
Pero aquí nunca dimite nadie.
Nunca pasa nada.
Marlaska continúa.
Robles continúa.
Sánchez continúa.
Y Marruecos continúa siendo tratado con unos miramientos que no parecen concederse ni siquiera a algunos aliados históricos de España.
Yo vuelvo a Pegasus.
Porque aquello nunca debió desaparecer del debate público.
Quiero saber quién espió al presidente del Gobierno de España.
Quiero saber qué información fue sustraída.
Quiero saber durante cuánto tiempo tuvieron acceso al dispositivo.
Quiero saber quién recibió esos datos.
Quiero saber si alguna potencia extranjera conserva información sensible del presidente del Gobierno.
Y quiero saber, especialmente, si semejante información ha podido condicionar alguna vez una decisión política española.
No estoy acusando.
Estoy preguntando.
Y existe una diferencia enorme.
Precisamente quienes consideran absurda cualquier sospecha deberían exigir conmigo que se conozca absolutamente todo. Porque solamente la transparencia puede acabar con ella.
Mientras permanezcan zonas oscuras, las preguntas seguirán existiendo.
España necesita recuperar algo tan elemental como el concepto de interés nacional.
No podemos desarrollar nuestra política exterior pensando permanentemente qué molestará o dejará de molestar a Rabat.
No podemos aceptar que nuestra frontera dependa del estado de ánimo de un Gobierno extranjero.
No podemos convertir Ceuta y Melilla en monedas diplomáticas.
No podemos permitir que una potencia extranjera disponga de capacidad para alterar nuestra estabilidad interior mediante movimientos migratorios.
Y mucho menos podemos aceptar que, cuando aparecen indicios preocupantes, el Gobierno español parezca más interesado en tranquilizar a Marruecos que en tranquilizar a los españoles.
Pedro Sánchez tiene una obligación muy sencilla.
Decir la verdad.
Toda.
Sobre Pegasus.
Sobre Marruecos.
Sobre Ceuta.
Sobre las alertas previas.
Sobre las contradicciones entre Marlaska y Robles.
Y sobre las razones que explican una política hacia Rabat que demasiados españoles ya no entienden.
Porque después de ocho años ha llegado el momento de formular públicamente la pregunta que el Gobierno parece empeñado en evitar:
¿Qué sabe Marruecos?
Tal vez la respuesta sea nada.
Ojalá.
Porque entonces quedaría una pregunta quizá todavía peor:
si Marruecos no sabe nada con lo que pueda presionar al Gobierno de España, ¿por qué este Gobierno se comporta tantas veces como si tuviera miedo de contrariarlo?
Entre el chantaje —hipótesis que tendría que demostrarse— y la sumisión voluntaria hay un abismo jurídico.
Pero políticamente ambas posibilidades conducen a la misma exigencia:
España necesita un Gobierno cuya primera, segunda y última lealtad sea España.
Un Gobierno que mire a Rabat de frente.
Que coopere cuando convenga.
Que negocie cuando sea necesario.
Que diga no cuando corresponda.
Y que recuerde algo que nunca debería haber sido necesario recordar:
Marruecos defiende a Marruecos. El Gobierno de España está para defender a España.
